Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, considera que las instancias nominadoras creen que al designar a un profesional cercano o de su círculo los protegerá en caso de una resolución que les afecte. Sin embargo, el magistrado, al ser designado, tiene que romper cualquier lazo, ya que se debe mantener la independencia de las diferentes instituciones.

“Nuestro mensaje es para las entidades designadoras, para que entiendan que el magistrado que designan no va a ser su representante, porque lo hemos escuchado. Ellos tienen la responsabilidad de elegir a una persona idónea y desligarse al momento en que asuman su cargo en la CC”, expresó Muralles.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que magistrados de la CSJ y dos de la Corte de Apelaciones se postularon, lo que muestra valores contrarios a la ética.

“Se debe cuestionar esta situación porque se detecta conflicto de interés y tráfico de influencias. Aparte, los dos magistrados de Salas —Cruz Munguía y Eddy Orellana— fueron comisionados que postularon a los actuales magistrados a la CSJ”, subrayó Ibarra.

También se observa ese problema en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se postuló José Francisco de Mata Vela, director de Asuntos Jurídicos de esa casa de estudios superiores, quien en todo caso debió renunciar para participar.

Si en el Congreso se postula el diputado Oliverio García Rodas, como se cree, también caería en este círculo en que los nominados tendrían una ventaja sobre los demás profesionales.

Los magistrados de la CSJ, luego de conocer impugnaciones, decidieron recibir la papelería de Mario Archila, quien había quedado fuera del proceso al principio.