Qué delitos disminuyeron en 2020 y cuáles son los retos del sistema de seguridad y justicia en 2021

Cien recomienda un plan estratégico que reduzca la criminalidad, mejore la coordinación y fortalezca la institucionalidad.

Homicidios se redujeron en mil en 2020. (Foto: Hemeroteca PL)
Homicidios se redujeron en mil en 2020. (Foto: Hemeroteca PL)

El 2020 cerró con menos delitos como homicidios, violación y extorsión, así como mil homicidios menos que en 2019, según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Según el investigador Walter Menchú, hubo mejoras en las tasas de denuncias pues estas bajaron durante 11 meses de 2020 tuvieron bajas en las denuncias sobre homicidios, lesionados, violación, extorsión, robo de vehículos y de motocicletas -solo en octubre aumentaron-. Aparte, sí aumentaron las denuncias por secuestro, robo de furgones con mercadería y robo a viviendas.

En 2020 hubo 2 mil 577 homicidios, es decir mil menos que en 2019 -3 mil 578- y redujo la tasa de homicidios a 15.3 (6.2 puntos menos que los 21.5 por cada cien mil habitantes de 2019.

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En este mismo renglón Menchú resaltó que diez departamentos registran tasas de homicidios menores a 10 y 93 municipios no registraron homicidios en 2020.

 

Así, 18 municipios concentran el 50 por ciento de los homicidios, entre Guatemala, Amatitlán, Villa Nueva, Mixco, Nueva Concepción Escuintla, Puerto Barrios, La Libertad, Los Amates, Coatepeque y algunas cabeceras departamentales.

Sobre las extorsiones, Menchú subrayó que la denuncia es clave para combatir ese delito, ya que en 2020 hubo 1 mil 683 menos que en 2019. Así “es complicado determinar si se denuncia menos o se reduce el delito en sí”, comentó.

Situación y avances 2020

El Cien también presentó este 20 de enero una evaluación de situación y avances en 2020 dentro del programa “Visión y Desafíos 2021-2024” en temas que impactan en la seguridad ciudadana.

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Carmen Aceña, directora de seguridad del Cien, sostuvo, como conclusión, que hay necesidad de un plan estratégico en todo el sector de seguridad y justicia para reducir la criminalidad, lograr mayor coordinación entre las autoridades, institucionalizar estrategias para combatir la delincuencia, fortalecer al Ministerio de Gobernación y reducir la alta rotación de funcionarios, optimizar la recopilación de datos y el análisis.

Policía Nacional Civil (PNC)

El analista Francisco Quezada observó que debe abordarse una reforma estructural para evitar la improvisación y la discrecionalidad. Durante 2020 hubo tres directores generales. Ese año hubo 395 oficiales graduados y los patrullajes aumentaron 50%. La institución cuenta con 37 mil 968 agentes.

Jueza Coralia Contreras ordenó, aunque sin éxito, que líderes pandilleros fueran reunificados. (Foto: Hemeroteca PL)

Sistema Penitenciario (SP)

La investigadora Corinne Dedik resaltó como hechos importantes el reordenamiento de los reclusos pandilleros y un préstamo del BCIE para nuevas cárceles. Recomendó que, para tener una sistema más ordenado y moderno a futuro, el préstamo debe priorizar cárceles de cumplimiento de condena, mujeres y alta seguridad, así como fortalecerse el nuevo modelo de gestión penitenciaria y reducir las llamadas de extorsión desde las cárceles. En 2020 hubo 353 reclusos contagiados y 32 fallecidos por covid-19. Hay una ocupación del 372%.

Conflictividad

Según el analista Alejandro Quinteros, las manifestaciones se redujeron 40% y los bloqueos 34% en los primeros siete meses de 2020. Recomendó que las instituciones definan sus roles en la prevención, mitigación y resolución de la conflictividad y los conflictos.

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Justicia criminal

El investigador David Casasola dijo que, en 2019, Casasola mejoró la eficiencia del sistema de justicia a 32.3% comparado con el 31.7% en 2018.

Aunque no hay mediciones sobre ese indicador de 2020, Casasola consideró que el sistema operó de forma limitada -69 mil 144 audiencias penales y 101 mil en general fueron suspendidas- y hay audiencias programadas hasta 2024.

Además, en el corto plazo, la elección de jueces y magistrados sigue rodeada de incertidumbre, además hay un margen estrecho de finanzas públicas para que el sistema pueda aumentar la impartición de justicia.