Queda ligada a proceso y en prisión preventiva la persona que vendió edificio al Ministerio Público

El edificio fue vendido por Q35 millones al ente investigador y con esta persona ya suman cuatro los procesado por este caso.

El edificio se ubica en la colonia Arrivillaga, zona 5. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El edificio se ubica en la colonia Arrivillaga, zona 5. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se trata de Mynor Enrique Lobos Agustín, quien quedó  ligado a proceso penal por testaferrato por vender un edificio al Ministerio Público (MP) en la zona 5 de la capital.

El inmueble fue vendido por Q35 millones y Lobos es el cuarto procesado en este caso, ya que tres exempleadas del MP fueron vinculadas penalmente.

La defensa del sindicado pidió medidas sustitutivas al juez y se argumentó la resolución.

Luego el juez undécimo, Eduardo Cojulún, envió a prisión preventiva a Lobos Agustín porque consideró que hay riesgo de “obstaculización de la averiguación de la verdad”.

El procesado se lamentó al escuchar la resolución del juzgador.

El 8 de octubre el Juzgado Undécimo resolvió ligar a proceso por fraude a las tres exempleadas del MP por el caso de las supuestas irregularidades en la compra de un edificio en la zona 5.

Se trata de Míriam Salazar y Patricia Beatriz Guzmán que eran acusadas por abuso de autoridad y fraude, pero les fue retirado el primero de los delitos.

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Mientras que Diana Benavides estaba señalada de incumplimiento de deberes y fraude, también solo quedó ligada por fraude. Las tres quedaron en arresto domiciliario.

Juzgado donde se lleva a cabo la audiencia por los señalamientos contra Mynor Enrique Lobos Agustín por venta de edificio al MP. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán).

La exfiscal Thelma Aldana tiene orden de captura por este caso porque supuestamente ella habría firmado una resolución donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa de esa gestión para el trámite, procedimiento que se considera legal, según los imputados.

Diputados que adversaron la gestión de Aldana integraron una comisión específica para fiscalizar la compra, concluyeron que hubo sobrevaloración y pidieron que el proyecto se declare lesivo.

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