La presencia de la exvicepresidenta resalta luego de que, según Presidios, tiene ideas suicidas y depresión, pero el Inacif señala que mentalmente está estable.
Monto millonario
Ana Palacios, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó al Tribunal que los diez condenados deben resarcir al Estado Q22 millones 830 mil, es decir el monto defraudado al Estado.
De eso, hizo un cálculo de intereses por 12.87%, según el Banco de Guatemala del 22 de diciembre del 2014 al 11 de octubre del 2018, que asciende a por Q11 millones 187 mil 391.78.
En total, los sentenciados deberían pagar Q34 millones 17 mil 421.78.
“El pago debe ser de manera solidaria y mancomunada”, refirió Palacios.
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Juez Pablo Xitumul interrumpe a la representante de la @CICIGgt debido a que escuchó risas en la carceleta, donde están los condenados. pic.twitter.com/0fiWNQ5XML— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 12, 2018
Rótulo
El fiscal Hugo González solicitó que se instale una plaqueta en el lago de Amatitlán para recordar a la población la sentencia y el cuidado integral de la cuenca y de ese cuerpo de agua.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidió que los condenados publiquen una disculpa en un matutino y hagan un plan de saneamiento ambiental en el lago junto con representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Resolución del Tribunal
Después de una hora de deliberación, el Tribunal integrado por Pablo Xitumul de Paz, Eva Recinos y Elvis Hernández, avalaron el monto que propuso la representante de la PGN.
Cada persona deberá resarcir al Estado con Q3 millones, 401 mil 742.18, aunque el Tribunal solo fijó el monto a resarcir y no individualizó la cantidad que debe pagar cada condenado. Los jueces ordenaron que el monto deberá ser depositado a la cuenta común del Estado, del Ministerio de Finanzas.
El pago de los daños debe hacerse efectivo hasta que la condena cobre vigor y las partes procesales hayan agotado todas las instancias, como apelación y casación en la Corte de Constitucionalidad (CC). Al menos se avecina una apelación, Roxana Baldetti.
Si alguno de los condenados no cuenta con el dinero, un tribunal debe fijar día de cárcel por alguna cantidad de dinero. El Código Procesal Penal estima que puede ser de Q5 por día hasta Q100 por día.
La próxima semana será la audiencia de lectura de la sentencia íntegra. Ese día solo comparecerán los abogados. A partir de ese día se cuentan 10 días hábiles para las impugnaciones.
Curso
Los condenados también deberán impartir un curso a estudiantes centrado en el cuidado del medio ambiente. El Tribunal les impuso que serán 10 sesiones y las dictarán cuando tengan el permiso respectivo debido a que están en prisión.
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Tribunal de Mayor Riesgo C, por unanimidad, avala la reparación digna de Q34 millones y ordena 10 sesiones educativas del cuidado ambiental dirigida a estudiantes para cada uno de los 10 condenados. pic.twitter.com/2v41jgKlPn— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 12, 2018
Posturas
El abogado Lizandro Godínez, quien defiende a Allan Franco de León, sentenciado a 11 años, explicó: “Lo que sucede que el responsable de un delito lo es civilmente. No se esperaba una resolución diferente porque eso está contemplado en ley. Lo que se entró a discutir fue el monto porque la PGN pretende cobrar intereses y la cantidad fue superior lo que no es posible debido a que es prohibida la capitalización de intereses”.
“Es una resolución muy ambigua y muy generalizada porque la ley manda a individualizar y el tribunal lo hace de manera muy amplia. Considero que la sentencia sobre reparación digna es apelable. Está llena y plagada de errores judiciales tanto en su ejecución como en su parte resolutiva y será un motivo más de apelación”, dijo el penalista Gustavo González, quien defiende a Pablo González.
“Es incobrable”
Baldetti escuchó la resolución en la carceleta. Su abogado Ludwin Alamilla dijo: “Es algo incobrable, es incobrable. Jamás el Estado va a poder recuperar ese dinero. Tenemos que esperar hasta la otra semana para presentar una apelación especial y ver si una sala da el fallo favorable. Esto no está firme”.
José Letona, abogado de Hugo Roitman, dijo que el tribunal se basó en un documento que no tiene valor probatorio. “Esto tiene que ser impugnado y hasta el momento en que una Sala confirme el fallo y esté firme vamos a poder establecer si se va a realizar la reparación. El órgano juridicciónal se basa en un documento que no tiene valor de juicio”.
“Son Q22 millones más los intereses. En realidad me deja un mal sabor de boca debido a que en todo el debate se logró comprobar que los medios de prueba diligenciados por la defensa, no únicamente los procesados participaron en los hechos. Hay terceras personas que ni siquiera se les inició una investigación, cosa que a esta defensa le causa mucha duda y pensamos que nos queda eso que no se ha hecho una verdadera justicia”, indicó el abogado Octavio Cuevas, defensor de Marilyn Sosa, absuelta.
Condenados
- Ingrid Roxana Baldetti Elias (exvicepresidenta de la República y líder de la estructura). Asociación ilícita (8 años), fraud e(5 años) y tráfico de influencias (2 años y 6 meses). Coordinó y autorizó acciones, en conjunto con su hermano Mario Baldetti, con lo cual permitió y facilitó la concesión del contrato que se otorgó de manera irregular a M. Tarcic Engineering Limited, para el supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán.
- Mario Alejandro Baldetti Elías. Asociación ilícita (6 años), fraude (5 años) y tráfico de influencias (2 años conmutables). Coordinó y facilitó, con la ayuda de su hermana Ingrid Roxana Baldetti, la concesión del contrato para la supuesta limpieza del lago de Amatitlán.
- Hugo Rodolfo Roitman Braier (representante de M. Tarcic Engineering Limited). Asociación ilícita (6 años), fraude (5 años); absuelto por cohecho activo. Se benefició con Q.2,318,771.82, al otorgársele el contrato para el supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán.
- Pablo Roberto González Barrios (exsecretario del Agua). Asociación ilícita (7 años y 8 meses), fraude (5 años); absuelto por cohecho pasivo.
- Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova (exabogado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN). Asociación ilícita (6 años) y fraude (5 años).
- Edvin Francisco Ramos Soberanis (exdirector ejecutivo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA). Incumplimiento de deberes (3 años inconmutables). Absuelto por el delito de fraude.
- Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval (exsubdirector de AMSA). Asociación ilícita (7 años y 8 meses), fraude (5 años), absuelto por cohecho pasivo.
- Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza (exdirectora jurídica de AMSA). Asociación ilícita (7 años y 8 meses), fraude (5 años).
- Sandra Ninet García España de Benavente (exdirectora administrativa y financiera en AMSA). Asociación ilícita (7 años y 8 meses) y fraude (5 años).
- Allan Franco De León (excoordinador de proyecto de sanamiento del Lago de Amatitlán, designado por M. Tarcic Engineering Limited). Fraude (5 años) y asociación ilícita (6 años).
Absueltos
- Rubén Estuardo Torres Anleu (ex trabajador del MARN). Cohecho pasivo.
- Sergio Alejandro Marroquín Vivar (exempleado de M. Tarcic Engineering Limited). Cohecho activo.
- Marilyn Anabella Sosa Azurdia (exasistente de Pablo González Barrios). Cohecho pasivo.
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