La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones prorrogó la prisión preventiva contra Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz, quienes permanecen detenidos desde abril del 2025, tras encabezar protestas en defensa de los resultados electorales del 2023, se informó este jueves 23 de abril.

La resolución establece que la medida debe mantenerse y autoriza la ampliación del plazo de privación de libertad hasta el 23 de septiembre del 2026, con el argumento de garantizar la presencia de los procesados dentro del proceso penal.

Según la Sala, luego del análisis de las actuaciones y al cumplirse los presupuestos legales, se determinó que la prisión preventiva debe continuar. El plazo vigente vencía el 22 de abril del 2026.

La decisión judicial se conoce en medio de nuevas protestas de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, cuyos integrantes exigieron la liberación de ambos dirigentes, al cumplirse un año de su captura.

Decenas de manifestantes se concentraron frente al Ministerio Público y luego caminaron hacia la Corte de Constitucionalidad y el Palacio Nacional de la Cultura, donde fueron recibidos por el presidente Bernardo Arévalo de León.

Los participantes denunciaron una supuesta criminalización de la resistencia pacífica y rechazaron el uso del delito de terrorismo contra autoridades indígenas.

“La resistencia pacífica no es terrorismo y la lucha por la democracia no se criminaliza con figuras penales ambiguas”, afirmó Salvador Xec, autoridad indígena de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán.

Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, fue uno de los principales líderes de las manifestaciones del 2023 que exigían la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar impedir la investidura de Arévalo de León.

El mandatario afirmó que los detenidos son acusados de delitos que “no cometieron” y calificó su captura como una represalia por haber defendido la democracia.

Además, indicó que el caso forma parte de una serie de acciones de persecución contra distintos sectores, incluidos jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.

Los manifestantes también señalaron que el proceso judicial presenta retrasos intencionales para mantener a los dos líderes indígenas en prisión.

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