Torres argumenta que cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, en 2015, no existía ese delito por el que fue vinculada al proceso, financiamiento electoral no registrado.
Según lo resuelto por Domínguez, Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), informó este jueves 15 de julio que Torres interpuso la inconstitucionalidad de caso concreto e impugnó las disposiciones contenidas en el artículo 407 o del Código Penal con lo que busca que la jurisdicción ordinaria no aplique dicha disposición.
Agregó que la jueza de Mayor Riesgo A, constituida en calidad de Tribunal Constitucional, ha emitido una resolución por la cual confiere un plazo de 9 días para que las partes se pronuncien al respecto de la solicitud hecha por Torres.
