El fallo también le revocó el beneficio de la suspensión de la pena en uno de los dos delitos por el que fue encontrado culpable. Es decir, Bitkov debe cumplir con los 7 años de prisión una vez la sentencia quede firme.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó que dicha sala dio con lugar un recurso de apelación especial por motivo de fondo que fue interpuesto por la Unidad de Impugnaciones del MP.
Refirió que Bitkov había sido sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, pero le suspendieron la condena por ese último delito por lo cual el ciudadano ruso solo debía purgar 5 años de prisión.
Sin embargo, con el fallo de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, se confirma que Bitkov sí deberá purgar los 7 años de prisión.
El caso Bitkov
Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.
Este caso involucraba a los Bitkov y a 40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.
La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.
Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.
El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación de la Feci y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.
La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.
Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.
Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.
La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.
