Este Hogar era una residencia de abrigo y protección a cargo de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, de la Secretaria de Bienestar Social (SBS).

Desde 2015 surgieron denuncias de malos tratos, malas condiciones de vida, y violaciones de derechos humanos de quienes estaban ingresados en él.

Fue el 7 de marzo del 2017 que un grupo de niños y adolescentes escapó como reacción a esos malos tratos que, incluso, hablaban de trata de personas.

Los menores que se fugaron fueron capturados por agentes de la la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la SBS posteriomente.

Por esa razón en la madrugada del 8 de marzo 56 niñas y adolescentes fueron encerradas en una pequeña aula y 43 más en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candados y quedaron bajo custodia de la PNC.

¿Qué pasó?

En el informe “las víctimas del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), se explica que “la mañana del 8 de marzo de 2017 una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula, para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas”, porque necesitaban ir al baño.

Los testimonios que obtuvo Oacnudh fue que “cuando empezó a salir el humo, las niñas golpeaban la puerta y gritaban, no se entendía qué decían, posiblemente pedían auxilio. Cuando salían las llamas del aula, las niñas seguían pidiendo auxilio. Desde que inició el humo hasta que abrieron las puertas, las niñas seguían pidiendo auxilio”.

Una de las niñas sobrevivientes manifestó, según el documento de Oacnudh: “pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”.

Otra indicó que su reacción fue “gritar y pegar a la puerta para que nos sacaran de ahí”.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), las autoridades presentes en el Hogar Seguro habrían tardado nueve minutos en abrir la puerta, aunque la defensa indica que el tiempo de respuesta fue más breve”.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado reveló que los extintores no funcionaron, por lo que los funcionarios tuvieron que llevar agua en contenedores de plástico de otras fuentes de agua mientras llegaban los bomberos.

“Algunos monitores llevaron sábanas y toallas mojadas. Según testimonios, los Bomberos Voluntarios habrían tenido que esperar cerca de 40 minutos para ingresar en el hogar ya que al principio se les negó el permiso de entrada”, según Oacnudh.

“Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a Oaconudh que los monitores del hogar estaban filmando con sus celulares mientras las niñas heridas salían del aula”.

Juicio y castigo

Seis años después, las 56 niñas, que según la acusación del MP fueron encerradas en forma ilegal en un aula como castigo por intentar huir un día antes, esperan por justicia.

Después de iniciarse el incendio, según la investigación del MP, la subinspectora de la PNC tardó nueve minutos en abrir la puerta del aula, lo que provocó la muerte de 41 niñas y que otras 15 resultaran gravemente heridas.

En el banquillo de los acusados están Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar; Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez; Brenda Jullissa Chamán Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.

Solo en 2023 el juicio se ha suspendido en cuatro ocasiones: el 9, 19 y 26 de enro; mientras que en febrero se ha suspendido una vez. En total, el debate se ha suspendido en 12 ocasiones.

Los argumentos han sido desde infecciones por covid-19 de los imputados, hasta que el sonido de la megasala no ha funcionado para documentar cada una de las declaraciones.

También las recusaciones de las que han sido objetos los integrantes del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que diligencia el caso.

Litigio malicioso

“Fue un crimen de Estado”, sentenció Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación Alianza, quien ha seguido de cerca el caso y desde su organización le han dado apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de la tragedia.

Escobar Sartí agregó: “Durante estos 6 años no ha habido justicia, más bien ha habido un litigio malicioso para que no se conozca la verdad de lo que ocurrió ese día”.

“Suspenden porque no hay luz, no hay sonido, porque presentan pruebas de covid-19”, recordó.

Escobar Sarti dijo que “cosas como estas evidencian que hay un litigio malicioso, una falta de voluntad política, de darle seguimiento por la vía judicial al caso”.

Escobar Sarti consideró que, ádemás de los que hoy enfrentan el proceso, debería de procesarse también a un exmandatario – Jimmy Morales – porque el crimen ocurrió bajo el amparo del Estado y en una institucion gubernamental.