La semana pasada, María Consuelo Porras, fiscal general electa, dijo a La Red que le preocupaba que uno de los mayores retos de su gestión sería trabajar para reducir la alta mora judicial, en referencia a que era una cifra similar a la que dejó la gestión de Claudia Paz y Paz, quien estuvo antes de Aldana.
“Me parece que hay un poco de confusión (…)”, dijo Aldana, quien precisó que, de un total de un millón 280 mil casos pendientes de investigación que encontró al asumir el cargo, habrían superado el 56 por ciento a través de las estrategias implementadas durante su gestión.
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“Los casos que están del 2014 para acá están en investigación. Obviamente, con medio millón de casos al año, es imposible para la institución empezar de cero el siguiente año, pero yo a esto no le llamo mora, sino procesos o expedientes que están en investigación”, aseveró Aldana.
La fiscal general saliente también dijo que el “único consejo válido” que le puede dar a la nueva fiscal, es “que sea independiente”.
“Guatemala requiere una fiscal general independiente, que responda a las leyes, a la Constitución Política de la República, (…)” dijo Aldana. Reiteró que la fiscal entrante debe continuar el trabajo en favor del fortalecimiento de la institución.
Sin sustento
La aún fiscal general, además, opinó acerca de la reciente solicitud que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores a Suecia, para que reemplacen al embajador Ander Kompass, a quien el gobierno señala de intromisión en asuntos internos.
“Me parece que es una decisión que no tiene sustento. Yo veo que el embajador ha hecho su esfuerzo en el país, y no encuentro un sustento para esa decisión política”, dijo Aldana.
Agregó que ve con preocupación esa acción de la Cancillería porque Suecia es un país que ha dado importantes aportes a Guatemala para fortalecer el sistema de justicia, y ha brindado apoyo en otras áreas, pero destacó los aportes a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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Mensaje a empresarios
La fiscal general estuvo en una actividad empresarial de exportadores de textiles, donde fue consultada por los casos de financiamiento electoral ilícito y otros en los que se han visto involucrados algunos empresarios.
“Guatemala requiere que -los empresarios- se ajusten a las disposiciones legales en materia electoral y que, ojalá, el próximo proceso electoral que tenga el país se pueda realizar observando la Ley Electoral y de Partidos Políticos, actuando de manera transparente”, enfatizó.
Añadió que el empresariado involucrado en la posible comisión de ese delito ha dado un paso al frente al reconocer su responsabilidad y que, desde ese punto, se puede pensar que Guatemala tiene “una luz de esperanza” para que pueda darse un proceso transparente.
En relación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Aldana dijo que debe fortalecerse porque en los procesos electorales del 2011 y 2015 se ha evidenciado “la falta de transparencia y de control” de dicha institución.
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