La Ley no impide que cada uno de los denominadores adopte mecanismos de transparencia absoluta hasta el último momento.
Lo que ha sucedido es que estos nominadores adoptaron la Ley de Comisiones de Postulación como una guía para sus procedimientos, pero no es que haya una norma que lo diga. Creo que deben procurar que en los procedimientos se garantice la publicidad plena hasta el final, el voto.
¿Cómo evidenciar las negociaciones periféricas?
La transparencia no garantizará que el elegido sea el más idóneo, capaz y honrado, como exige el artículo 113 de la Constitución. Es casi que imposible exigir que no haya ninguna conversación. Y eso es una advertencia para la población.
No porque todo sea visible significa que sea la mejor decisión, aquí hay que exigir a los organismos nominadores elegir a las personas que tengan las mayores calidades.
¿Es recomendable la reelección?
Yo prefiero no pronunciarme sobre ese tema.
Considero que eso es más una actitud, en tanto que no es posible que se adopte ningún reglamento que apruebe la reelección porque eso sería inconstitucional. No se podría expresamente por alguno de los nominadores decir que está prohibida la reelección, pero pueden normar no recibir expedientes de quienes estén en función.
¿Cuál es el papel de la Cicig en el proceso?
Solo como observadores interesados en que existan unas instituciones de justicia fuertes. Es difícil que la Cicig pueda hacer algo, porque nosotros no podemos promover candidatos. No estaría bien si nosotros promoviéramos a alguno de ellos.
¿Harán algún pronunciamiento?
No se descarta que la Cicig pueda pronunciarse cuando observe que una persona no reúne los requisitos constitucionales exigidos.
¿En qué momento lo haría?
En el trascurso del proceso. Por ejemplo, cuando se suministren los documentos de los inscritos y se dice que existe alguna observación respecto de estas personas y que nosotros tengamos elementos para pronunciarnos, lo haremos. Podríamos hacerlo también sin solicitud, como parte de observadores. En esto hay que ser cuidadoso.
¿Qué sectores o fuerzas podrían tomar el control de la CC?
Creo que en Guatemala ha habido un poder desde hace décadas que ha capturado sectores del Estado en temas de corrupción o actos ilícitos, de influencias que podríamos decir han provocado actuaciones nocivas para el país.
Creo que hay organizaciones criminales, relacionadas con el narcotráfico, que han asumido el control en las comunas y se ha extendido a nivel nacional.
Hay personas en su actuación comprometidas con graves problemas con corrupción del pasado y del presente. Todo esto debe tomarse en cuenta.
¿Se han transformado esos grupos?
El problema se ha actualizado y se ha denominado como redes político económico partidistas, y esto es una realidad en el país. Es aquí donde se tiene que valorar la conveniencia de qué personas vinculadas con esa naturaleza lleguen a la CC.
¿Podrían influir en la integración de la CC manifestaciones como las del año pasado, cuando se reveló el escándalo de defraudación aduanera en el Ejecutivo?
Sí, si la sociedad sigue pronunciándose con la fuerza como lo ha venido haciendo, con este tema en particular, y exigen que se elija a magistrados como corresponde. Esa es una fuerza que deberán considerar los designadores.
Si la sociedad en general no se interesa en mantener viva esa participación, puede revertirse por las fuerzas contrarias que están siempre activas.
