El Ministerio Público (MP) aún no ha logrado ingresar a los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, para llevar a cabo diligencias relacionadas con los enfrentamientos ocurridos entre el 11 y el 13 de diciembre, que dejaron al menos 14 muertos, según reportes de autoridades locales.

A través de la Fiscalía de Distrito de Sololá, el MP ha coordinado acciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y con el alcalde de la localidad para asegurar el área y facilitar el ingreso de los fiscales. El objetivo es procesar las escenas del crimen, recabar indicios e individualizar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos ocurridos contra autoridades.

“Se solicitó apoyo a la PNC, pero aún no se ha concretado”, indicó la fiscalía.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que no ha realizado necropsias a cadáveres provenientes de la zona del conflicto. La institución aseguró que no recibió ningún cuerpo en su morgue ni se le requirió la intervención de personal forense.

“El Inacif, conforme a su mandato legal, actúa únicamente a requerimiento del MP o del Organismo Judicial, y no puede iniciar actuaciones de oficio”, señaló.

Además, indicó que todos los dictámenes forenses son enviados electrónicamente a las instituciones requirentes, que son responsables de los procesos de investigación criminal. La información que puede compartirse públicamente —cuando se trata de adultos— está limitada al nombre, edad, sexo y causa de muerte, siempre que no contravenga ninguna disposición legal. En casos de menores, solo pueden difundirse el sexo y la causa de muerte.

“En el caso de Nahualá, es posible que el MP no haya tenido acceso a los cuerpos, lo que habría impedido realizar las diligencias iniciales y, por tanto, solicitar la práctica de necropsias”, puntualizó el Inacif.

El domingo, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó estado de prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, lo que permite a las autoridades restringir reuniones públicas, disolver manifestaciones y limitar ciertas publicaciones, entre otras medidas extraordinarias. Según medios locales, el enfrentamiento ocurrió entre miembros de ambas comunidades, inmersas desde hace más de un siglo en una disputa territorial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el ataque fue dirigido contra el Ejército por parte de grupos armados que aprovecharon esa pugna histórica para provocar violencia.

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