De igual forma, el número de menores centroamericanos deportados desde México tuvo un incremento de 446 % durante el mismo periodo, según el análisis del grupo Niños en Necesidad de Defensa  (KIND, en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de México.
 
Los investigadores, que entrevistaron a niños, funcionarios de EE.UU, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, instaron a los gobiernos de esos países a incrementar sus esfuerzos y recursos para proteger a esos niños.
 
KIND hizo especial hincapié en niñas que son víctimas de acoso y abuso sexual por familiares o pandillas que las obligan a dejar sus países y buscar asilo político.
 
El informe “Niñez Interrumpida: Violencia Sexual y de Género en contra de Niños Refugiados y Migrantes Centroamericanos”  analiza la violencia contra menores y niños de la comunidad LGBTI en sus países y durante la migración, y los obstáculos que enfrentan para lograr estatus de refugiado en México.
 
Ambos grupos urgieron a EE.UU. a incrementar sus recursos económicos y mantener un compromiso a largo plazo para apoyar los esfuerzos que se hacen para combatir las causas de la migración, incluyendo la violencia sexual basada en género en países centroamericanos, al igual que apoyar los esfuerzos gubernamentales de México.
 
Según el informe, desde 2013 un 40 % de los menores no acompañados entre los 0 a 11 años de edad deportados desde México fueron niñas.
 
“Niños y especialmente niñas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala están escapando (de) violaciones, violencia doméstica, esclavitud sexual y tráfico humano”, aseguró Lisa Frydman, investigadora de KIND en rueda de prensa telefónica.
 
Ambas organizaciones entrevistaron a 96 niños centroamericanos, así como a víctimas ayudadas por KIND, y dialogaron con 78 representantes gubernamentales y de la sociedad civil en la región.
 
KIND detectó que las niñas víctimas de violencia sexual tienen muy pocas opciones de protección en sus países de origen.
 
Las niñas centroamericanas y niños LGBTI sufren múltiples formas de abuso por su género en sus hogares y sus comunidades a manos de sus padres, parientes y pandilleros, y se ven obligados además a dejar la escuela.
 
Frydman indicó que en El Salvador, Honduras y Guatemala careen de recursos y capacidad para proteger a estos menores, que además enfrentan los mismos riesgos de ser abusados durante su migración.
 
De igual forma carecen, cuando llegan a México, de asistencia legal sobre sus derechos o posibilidades de asilo político.
 
Frydman precisó que los solicitantes de asilo en México muchas veces deben pasar varios meses en centros de detención, lo que los desalienta y optan por la deportación.
 
El estudio recomienda a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, incrementar 50 % de su presupuesto para investigar y castigar crímenes relacionados con violencia sexual por género, incrementar la ayuda a víctimas y expandir el entrenamiento a la policía, fiscales, jueces y oficiales de protección al menor.
 
Por otro lado, recomendó al Gobierno de México dar prioridad a los derechos de protección de los niños migrantes y refugiados, terminar con su detención y entregarlos a instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  (DIF).