Aunque la mayoría llegó a EE.UU. sin papeles, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Su protección, el TPS, se ha renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante en sus países.
El Congreso estableció el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.
Según The Washington Post, la evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido.
El DHS tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57 mil hondureños y 2 mil 500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero. El anuncio para los salvadoreños tendría que hacerse en enero porque el plazo culmina en marzo de 2018.
Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal, no una forma de que las personas se convirtieran en residentes a largo plazo de los Estados Unidos.
Muchos de los inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en los EE. UU., Pero si las protecciones expiran, podrían estar sujetos a arresto y deportación. “Entendemos que esta es una decisión muy difícil”, dijo el funcionario de la administración.
Cuando la administración de Obama extendió por última vez el TPS para los salvadoreños, en julio de 2016, dijo que eran elegibles porque las condiciones que lo justificaban seguían cumpliéndose.
“Sigue habiendo una interrupción sustancial, pero temporal, de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001”, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional en ese momento, “y El Salvador sigue siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales “.
