Las denuncias sobre estos hechos son conocidas por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que dicen que los casos se siguen acumulando, lo que genera “preocupación” ante las reiteradas denuncias.
El analista independiente Fernando Castro dijo a la Voz de América que se necesita ampliar los controles en las fronteras, aplicar sanciones a los agentes que abusan de los migrantes y definir las tipologías de estos delitos.
Castro señala una total falta de apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos a la oficina del Arzobispado para cumplir el trabajo de darle asistencia y protección a los migrantes.
“Es un tema que debe investigarse, sobre todo en el caso de hacer operativos por parte del Ministerio Público para brindar asistencia en estos casos donde son reiterativas las denuncias de violaciones”, explicó.
La migrante Celeste Casasola que ha viajado desde Colombia con sus hijos comentó a la VOA que ha tenido que pagar varias veces a los agentes policiales derecho de paso para poder continuar su camino dentro del país, lo que la ha dejado sin dinero para continuar el camino.
Casasola dice que los agentes de la Policía cobran “20 dólares por niño o por persona, y si no les pagamos, nos bajan del bus a lo grosero y nos tiraban para atrás otra vez; o sea, teníamos que pagarles sí o sí. De momento no tenemos plata para seguir porque la plata que teníamos para seguir nos la quitaron los policías”, dijo.
Autoridades de la PNC reconocen que hay un problema, pero aseguran que han desplegado personal para subsanar la situación con operativos para supervisar el trabajo de los agentes policiales y evitar que se comentan más ilícitos.
Edwin Monroy, portavoz de la PNC, explica a la VOA que la PNC “continúa realizando auditorias y fiscalización a agentes que están en operativos, en las distintas rutas del país, con la finalidad de evitar malas prácticas policiales. Si en algún momento alguna persona ingresó de manera irregular a nuestro país, no debe ser criminalizada, y no se le debe requerir algún tipo de peaje por parte de los agentes”.
En sondeo realizado por la VOA, los migrantes afirman que las extorsiones comienzan al momento de ingresar a Guatemala, no solamente por policías, sino también por hoteleros, taxistas, y transportistas.
En noviembre, la organización Human Right Watch (HRW) en su informe llamado: “Este infierno era mi única opción: abusos contra migrantes y solicites de asilo en el Tapón del Darien”, instó a los gobiernos de la región a asumir los mecanismos de protección para garantizar la integridad de las personas migrantes.
“Los gobiernos de las Américas deberían tomar medidas para establecer políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos, incluyendo a través de la creación de vías seguras y legales para migrar y garantías para solicitar asilo”, apuntó el organismo.
