Las normativas SB 1242 y AB 813 “benefician a todos los inmigrantes con delitos menores cometidos antes del 2015”, indicó la AMI, que aclaró que la segunda normativa permite la anulación de una condena penal “aun cuando la persona haya cumplido su condena temporal”, principalmente a los migrantes cuyos abogados no les informaron sobre las consecuencias de los fallos judiciales en su contra, con lo que podrían limpiar sus récords en ese país.
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Dichas normativas, que cobraron vigencia el 1 de enero del 2017, no benefician en forma automática a las personas, sino que son ellas las que deben gestionar el proceso a través de abogados, que deben ser profesionales en el ramo criminalista y de migración.
Aunque las normas pueden beneficiar a personas de cualquier nacionalidad y los procesos llevarían un tiempo prudencial y gastos, la asociación instó a los indocumentados guatemaltecos en California a comenzar con las respectivas gestiones, para evitar las expulsiones de ese país anunciadas por el presidente Donald Trump.
Custodia temporal
En el programa de seguimiento, apoyo y asesoría a los migrantes en EE. UU., la AMI hizo énfasis también en procesos sobre la custodia temporal de los hijos en caso de una eventual deportación de los padres.
El abandono de menores a causa de las redadas es motivo de preocupación, por lo que la entidad recuerda que hay procesos para elaborar documentos legales que permiten entregar la custodia de los menores a personas de confianza de los padres, para el total cuidado de estos. Además, la AMI recordó que esos mecanismo son gratuitos.
Aunque el documento llamado “carta de custodia temporal para los hijos” no tiene costo, es necesario certificarlo ante un notario público, que debe cobrar unos US$15 por firma, aunque en otros estados podría llegar hasta US$25, informó la AMI, que recomendó que las sedes consulares en EE. UU. promuevan el documento, facilitando su obtención a través de la red.
