El profesional mencionó a medios internacionales que sus servicios a las familias que han sido separadas de sus hijos no tendrán ningún costo. Usualmente cobra hasta más de US$1 mil -unos Q7 mil 500- por la hora de sus servicios legales.
“Todos los niños y las madres deben ser inmediatamente llevados a una sola área y reunidos. Esto se puede solucionar ahora si el gobierno de EE. UU. tiene la voluntad. De lo contrario, la ventana se cerrará. El tiempo es esencial y el riesgo es demasiado grande”, escribió Avenatti en Twitter.
Deportada sin su hijo
Lourdes de León comparte el dolor de Mérida-Galicia. Ella no ha podido abrazar a su hijo, ni arrullado por las noches desde el pasado 12 de mayo, cuando le arrancaron de su lado al pequeño de seis años, en San Luis, Arizona.
Después de dos semanas de suplicar que le informaran dónde estaba el niño, le indicaron que se encuentra en Nueva York, en un centro estatal junto a otros 600 niños. La esperanza de reunificación en Estados Unidos ya no podrá ser, Lourdes fue deportada el 7 de junio.
Hasta ahora se ha comunicado con el menor por videollamada tres veces, aunque él le dice que está bien, ella puede ver la tristeza en los ojos de su hijo.
“Él me dice que ya no quiere estar allí”, cuenta la madre. “Lo que pido es que me regresen a mi niño cuanto antes”, agrega, mientras la voz se le quiebra.
De León podría ser otra de las personas a quien Avenatti ayude.
La activista guatemalteca Silvia Rodríguez radica en New Jersey y ha puesto dos casos más en las manos del abogado estadounidense. “Simplemente vi la gran necesidad que tienen estas personas y pienso que puedo hacer algo.
Entonces, eso es lo que estoy haciendo”, indicó.
Rodríguez también creo en Facebook la página “Niños Guatemaltecos Secuestrados en Estados Unidos”, para ayudar a familias migrantes que estén sufriendo la separación debido a las políticas de “tolerancia cero” implementadas por Donald Trump.
De acuerdo con la Cancillería, son 495 niños migrantes guatemaltecos lo que fueron separados de sus padres.
Doble sufrimiento
“Yo ya quiero que mi hijo esté aquí”, dice Claudia, quien pide se le cambie el nombre, por seguridad.
El domingo pasado, su esposo y su hijo cumplieron un mes de haber migrado a Estados Unidos y fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. Él fue llevado a un centro de detención en Texas, mientras que el pequeño a California.
Por video llamadas, la guatemalteca ha podido hablar con su niño, que tiene seis años. Pero no pueden hablar con libertad, cada conversación es grabada y se realiza bajo la supervisión de las personas que cuidan al pequeño. Ningún familiar que no sea ella puede saludarlo.
“Su carita está triste, con miedo y se ve afligido. Trato de ser fuerte delante de él, y le digo que todo va a salir bien, que pronto estaremos juntos”, dice Claudia, pero confiesa que se le hace un nudo en la garganta cada vez que ve a su hijo en la pantalla.
Claudia también sufre por estar lejos de su esposo. Con él se comunica por teléfono de vez en cuando, pero antes debe depositarle dinero para que él pueda pagar la llamada telefónica desde el centro de detención donde se encuentra. “Allí todo es pagado”, menciona ella. Por ahora está a la espera de que le informen cuándo su pareja será deportada a Guatemala.
La angustiada madre está en busca de asesoría legal que le ayude a traer a su hijo devuelta y que la familia esté reunida de nuevo.
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