Las autoridades migratorias han detenido un total de 15 mil 647 menores cruzando solos la frontera sur del país, de los cuales 5 mil 465 son guatemaltecos, 2 mil 788 salvadoreños y 1 mil 549 hondureños.

Cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. indican que durante el año anterior, la mayoría de los menores que cruzaron la frontera sin acompañante fueron hondureños con 18 mli 244 casos, seguido por los guatemaltecos con 17 mil 57 y salvadoreños con 16 mil 404.

Según abogados activistas, la reducción en los números de hondureños y salvadoreños se debe a la oportunidad de poder emigrar legalmente con el programa CAM, que implementó el Gobierno estadounidense para detener la migración de niños solos por la frontera.

Esto, mientras muchos padres están protegidos bajo el Estado de Protección Temporal (TPS) a diferencia de los guatemaltecos que no tienen ningún amparo migratorio.

A cuatro meses de haber iniciado el programa CAM, 403 personas han solicitado el beneficio para sus hijos, según recientes estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De estos, 309 son salvadoreños, 82 hondureños y 12 guatemaltecos.

“La razón principal por la cual los guatemaltecos no están sometiendo las solicitudes para sus hijos bajo El Programa de Refugiados/Permisos para Niños Menores Centroamericanos, es porque ellos no tienen TPS”, explicó este martes Yanci Montes, representante legal de la organización comunitaria El Rescate.

Sin embargo, el presidente de la organización guatemalteca Conguate, Carlos Roberto Calderón, consideró que el problema con sus connacionales es que no hay suficiente promoción del programa en su país.

“Las organizaciones guatemaltecas necesitamos ser fortalecidas para contribuir a la difusión de programas como el de los refugiados y ayudar a los paisanos para que apliquen. Debemos insistir en informar para que las personas pierdan el miedo y que apliquen”, afirmó Calderón a Efe.

El año pasado, los 68.631 menores que cruzaron solos la frontera sin documentos fueron entregados a sus padres o patrocinadores.

“Podemos decir que el 95 % de estos niños que cruzaron no tienen un padre con un estatus legal, por eso este programa no puede terminar con el problema de la migración de menores, solo es para aquellos beneficiarios del TPS y residentes legales que quieren agilizar el proceso” , anotó Fernando Romo, abogado especialista en leyes migratorias.

Programa nuevo

Por su parte, el secretario asistente del Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense, Simón Henshay, explicó a Efe que el bajo número en las aplicaciones se debe a que es un programa nuevo.

“No es inusual tener números bajos cuando empezamos un programa, estamos viendo un pequeño incremento mes a mes. No tengo una razón porque el número de solicitantes de Guatemala es más bajo que los de Honduras o El Salvador, nos sorprende eso también”, dijo Henshay.

El funcionario agregó que le pidieron a la embajada en ese país que le dé mayor promoción a este programa y aseguró que no hay un número límite para las aprobaciones del proceso que puede tomar seis meses.

Para María, una madre salvadoreña quien prefirió omitir su verdadero nombre por temor a represalias contra sus hijos en El Salvador, todas las esperanzas para traer a dos de sus hijos están en este programa.

María salió de su país hace 15 años y es beneficiaria del TPS y gracias a su estado legal pudo solicitar a su hijo de 18 años y su hija de 19, a quienes dejó siendo unos niños.

“Cuando me dijo mi suegra de un programa que me podría ayudar a traerme a mis hijos, me emocioné, pero cuando dijeron que era para personas que tuvieran un estatus legal en el país me desanimé porque yo tengo TPS”, contó a Efe María.

No obstante, la salvadoreña se sorprendió cuando le dijeron que el TPS es un estatus legal y que podía solicitar refugio para sus dos hijos menores de 21 años.

Víctimas de acoso

“No se imagina mi felicidad después de 15 años de estar separada de ellos, yo dije aquí se vienen mis hijos”, relató esta madre originaria de la capital San Salvador, quien aseguró que sus hijos han sido víctimas del acoso de las pandillas.

María completó los documentos el pasado 14 de enero y a las dos semanas citaron a sus hijos para una entrevista en El Salvador.

La semana pasada la mujer recibió una cita para hacerse la prueba de ADN, y espera que sus hijos hagan lo mismo en El Salvador para poder reencontrarse con ellos en junio.