En esos tres municipios, además, existen figuras políticas estrechamente ligadas a grupos criminales; sin embargo, lejos de que sean vistos como delincuentes, su empatía y liderazgo entre los vecinos les ha granjeado una cuota de poder que crea vínculos de lealtad que ellos aprovechan en control territorial.

Las características geopolíticas del país obligan a analizar de manera particular los poderes locales y los intereses políticos.

Estas alcaldías ofrecen seguridad a los grupos delincuenciales y son, además, benefactores de una población a la que poco o casi nada importa las supuestas actividades ilícitas a su alrededor y aprenden a convivir en un territorio de abundantes lujos, armas de fuego y vehículos blindados.

Esos grupos que hacen fortuna con el narcotráfico y confían en los poderes locales no buscan pasar desapercibidos. Construyen casas de varios niveles con ostentosos diseños, lucen sus armas y varias tolvas, así como el gusto por la música norteña y atuendo vaquero.

“Ellos no se meten con uno. Ahí hacen sus cosas, pero no se meten con nadie”, dice una vecina de Zacapa, desde una silla plástica en una casa de madera y lámina, mientras señala un inmueble de dos niveles, con detalles coloniales y dos vehículos todoterreno parqueados al frente.

Agradecidos

Para ejemplificar cómo la fidelidad de una población a sus autoridades locales está alejada de los señalamientos o acusaciones de actividades ilícitas, y sí estrechamente vinculadas con el bienestar social, Prensa Libre realizó un recorrido por tres territorios del país controlados por personajes que han sido vinculados en distintas ocasiones con el narcotráfico, una sombra que no logra oscurecer el apego de la población, e incluso son vistos como una especie de Robin Hood, ese personaje inglés que robaba pero también regalaba a los pobres.

Moyuta, Jutiapa; Ipala, Chiquimula, y la cabecera de Zacapa son ejemplos de territorios donde el narcotráfico ha operado por décadas y donde han surgido líderes con una fuerza de arrastre muy particular.

Aunque para el profesor en etnofrafía criminal David Martínez Amador, la relación de la política y el narcotráfico no solo es por voluntad. El poder del crimen organizado y necesidad de tener el control territorial obliga en algunas ocasiones a los políticos a coludirse con el narco.

Martínez Amador sostiene que “las estructuras del narcotráfico terminan transformándose en un Estado paralelo que esencialmente suplanta o llena todos los vacíos dejados por el Estado. También, al igual que un Estado tradicional, el narcotráfico usa la fuerza de la violencia —no legítima en este caso— para obligar a que los marcos comunitarios acepten su influencia territorial”.

El objetivo de estos grupos es forzar decisiones políticas que les favorecen —particularmente relajar el combate del narcotráfico o neutralizarlo— y acceder a la infraestructura pública para ponerla a su disposición, opina Martínez Amador.

Al controlar o tener poder sobre los poderes locales, el crimen organizado no solo mantiene un corredor para trasegar sustancias ilícitas, sino también tiene un lugar donde invertir el dinero y darle apariencia lícita a esas ganancias.

“Ha creado circuitos económicos que han inoculado la economía general. En ciertas áreas de oriente (…), los narcotraficantes han fomentado economías de consumo, producción y servicios con estándares más altos que el mercado formal, y de hecho han sustituido al Estado en presencia social y de seguridad”, cita el analista político Édgar Gutiérrez, para la investigación de InSight Crime “Élites y crimen organizado en Guatemala”.

La contención

Las consecuencias de tener poderes locales coludidos con el narcotráfico es que el crimen organizado tiene poder de vetar candidatos y controlar la seguridad de los territorios a su favor, efectos que se deben frenar desde el control del financiamiento a las campañas políticas, que es donde primero se infiltra el dinero ilícito.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su informe “Financiamiento de la política en Guatemala”, presentado en el 2015, identifica a los actores clave en la recepción de recursos ilícitos como “redes político-económicas ilícitas” (RPEI).

“Por lo general, las RPEI se aglutinan en torno a diputados distritales y/o alcaldes, y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y oenegés, que les permiten canalizar fondos públicos que, a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades, y posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional”, señala.

Martínez Amador refuerza esa idea al señalar que el Estado debe enfocar tres esfuerzos para evitar que el narco se infiltre en la política y recuperar los territorios perdidos.

“Si se tocan los activos del narcotráfico y se hace difícil el proceso de legitimación de capitales ilícitos, el narco pierde fuerza. A eso debe agregarse, la política social para llenar aquellos vacíos dejados por el Estado que en primera instancia han generado el posicionamiento del narco. Por último, y donde sea necesario, utilizar la fuerza legítima del Estado para recuperar la territorialidad secuestrada”.

Un viejo rumor

A poco más de 118 kilómetros de la capital se ubica Moyuta, Jutiapa. Es un territorio de 380 kilómetros cuadrados con salida al océano Pacífico y fronteriza con El Salvador. Llegar a Moyuta no es problema; se transita por una carretera asfaltada de dos carriles en buenas condiciones que circunvala una zona montañosa.

El pueblo es tranquilo y nada distinto a cualquier otro del oriente del país. Los vecinos son en su mayoría de ascendencia xinca. A diferencia del camino que lleva a Moyuta, el pueblo tiene calles estrechas, llenas de comercios que gravitan alrededor de la plaza central, donde apenas resalta un edificio municipal sencillo, de una sola planta y con techo de lámina, frente a la iglesia.

La gente accede a hablar sobre los problemas para conseguir trabajo o la lluvia que ojalá abunde para que haya buenas cosechas. Sin embargo, cuando se pregunta por la política, el grupo se rompe, algunos se retiran y otros cruzan miradas para evitar responder.

Otros hablan y destacan las mejoras del municipio con Roberto Marroquín como alcalde; sin embargo, dicen no conocer nada más que los rumores sobre el narcotráfico, y con un “a saber” dan por concluida la conversación.

A Marroquín lo marca el haber sobrevivido a tres atentados, uno con explosivos, razón suficiente para decidir viajar en vehículo blindado y, según vecinos, acompañado de un grupo de guardaespaldas.

Marroquín, que el pasado 16 de junio renovó por tercera vez su mandato, esta vez por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de manera pública sostiene que los ataques tienen su origen en rivalidades políticas.

“Tengo problemas con políticos de oposición que me quieren sacar del camino por las malas, porque la municipalidad la usaban para actividades relacionadas con el crimen organizado”, comentó Marroquín luego del último atentado, en el 2014.

Q578 mil pagó en el 2017 la comuna de Moyuta por un vehículo blindado para uso del alcalde Roberto Marroquín y renovar el adquirido en el 2012.

Sin embargo, la carrera política de Marroquín también incluye otros señalamientos violentos, como la muerte de Mayra Verónica Lemus Pérez, hermana de Marixa Lemus Pérez, alias la Patrona, condenada a 94 años de cárcel por haber liderado una banda de sicarios.

Mayra Verónica fue asesinada a balazos en un restaurante de Ciudad Pedro de Alvarado, la frontera con El Salvador, cuando era candidata por la alcaldía de Moyuta por la alianza Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (Gana), en el 2011.

La Patrona señaló a Marroquín de haber ordenado el crimen para ganar la alcaldía con el partido Unidad del Cambio Nacionalista (UCN), lo que al final consiguió.

En el 2015, Marroquín volvió a competir por la alcaldía con el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), y en esta última reelección, un grupo lo volvió a señalar de favorecer al narcotráfico en el área de La Barrona, comunidad costera donde nació el jefe edil y donde actualmente reside.

Se buscó la versión directa del alcalde, pero personal de la comuna aseguró que Marroquín invierte gran parte de su tiempo en supervisar obras en el municipio, por lo que no permanece en su despacho.

Marcelo Ávila, concejal segundo de la corporación municipal, accedió a responder por el alcalde y sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico. Aseguró que son rumores que vienen desde el 2012, “pero el trabajo de Marroquín ha sido muy eficiente en la municipalidad, porque ha sido transparente”.

Agregó: “Para muchos pobladores —los vínculos con el narcotráfico— es un rumor viejo, y es que nunca se lo han podido comprobar, porque está solvente (…) Las prácticas que se pueden dar, si se dan, de narcotráfico o de otra índole, creo que en el municipio de Moyuta han bajado”.

El regreso de Vargas

En el 2017, la cabecera de Zacapa recibió a uno de sus vecinos más queridos. Un grupo de lugareños salió a la calle a recibir con aplausos, lágrimas y orgullo a Arnoldo Vargas, que regresaba después de haber purgado 25 años de cárcel en Estados Unidos, como el primer capo del narcotráfico en Guatemala, capturado en 1990 y extraditado en 1992.

Zacapa lloró, en sentido figurado, la captura de su eterno alcalde, al que celebró su regreso.

Dos años después, Vargas formó el comité cívico Al Rescate de Zacapa, y bajo el lema “El sol sale de nuevo”, se lanzó como candidato a alcalde, aunque el Tribunal Supremo Electoral le negó la inscripción por sus antecedentes criminales.

Pese a la prohibición del Tribunal, el 16 de junio, su comité cívico ganó la alcaldía, y le corresponderá al candidato a concejal primero, Mynor Amílcar Morales Vargas, tomar el puesto de alcalde, aunque en el pueblo muchos aseguran que es Vargas el alcalde y él se sentará en la silla edil.

25 años purgó en una cárcel de Estados Unidos Arnoldo Vargas por narcotráfico, y se convirtió en el primer guatemalteco en ser extraditado por ese delito.

“No nos importa —la condena por narcotráfico—, porque nosotros, por lo menos cuando él estuvo —de alcalde—, que dicen que estaba metido en ‘eso’, ayudó bastante. En ese tiempo que dicen que ‘estaba metido en esa cosa’… no lo sabemos, porque el pueblo no va a saber qué hace la persona, pero sabemos que ha sido un buen alcalde y lo ha apoyado a uno”, manifestó una vecina del barrio Cruz de Mayo, Zacapa, que colaboró con el comité cívico de Vargas como fiscal de mesa el pasado 16 de junio y evita, como todos los pobladores, mencionar la palabra narcotráfico, y la cambian por eufemismos como “esa cosa” o “lo que él hacía”.

El concejal segundo, Morales Vargas, tomará su lugar, según la Ley Electoral; sin embargo, sobre su inscripción también pesa ser contratista del Estado, lo que significaría su falta de idoneidad para el cargo.

Vargas había accedido a una entrevista con Prensa Libre; sin embargo, el viernes 28 de junio, día pactado para el encuentro, el político declinó y explicó que había sido asesorado y no era conveniente dar entrevistas.

Migrante y empresario

La Cicig, en su informe sobre financiamiento de la política destaca el caso de Esduin Javier, actual alcalde de Ipala, Chiquimula, y quien acaba de ganar la reelección. Él, según el informe de la Comisión, ocupa los tres espacios de financiamiento ilícito: crimen organizado, construcción de obra pública y medios de comunicación locales.

Javier logró el control del canal de cable en su municipio y, según ha explicado en varias ocasiones, logró amasar cierto capital como trabajador migrante en Estados Unidos y así incursionar en el negocio de la construcción, que lo llevó a ser uno de los mayores proveedores estatales de obra gris en Chiquimula.

Para la población de Ipala, el alcalde es ejemplo de superación, y le agradecen la pavimentación de caminos rurales como su logro más evidente, así como la construcción de una calzada que conectará con la cabecera municipal y se convertirá en la tercera vía desde Ipala a Chiquimula. Al igual que en Zacapa, la gente ve las obras del alcalde, y sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico dicen no saber nada o no importarles qué negocios pueda tener.

“Así dicen, pero nosotros aquí no sabemos nada, solo lo vemos trabajar por el municipio, que ha mejorado en estos años”, expresó un locatario del mercado municipal.

En contraparte, los señalamientos contra el alcalde Javier van ligados a su asociación con Merlin Yovani España, un supuesto narcotraficante que habría controlado la frontera de El Salvador y Honduras y habría peleado el territorio contra la organización criminal los Zetas.

Ipala es un caso particular en el plano político de Chiquimula, que fue controlada por mucho tiempo por Baudilio Hichos, el exguardia de Hacienda que llegó al Congreso y logró controlar su territorio hasta que la Cicig lo señaló en el caso IGSS-Pisa por tráfico de influencia y fraude, por lo que permanece prófugo desde el 2016.

Javier reconoce haber sobrevivido en el 2010 a un ataque ordenado por Hichos, en la disputa por el control de la televisión.

La caída del cacique de Chiquimula coincidió con la llegada de Javier a la alcaldía de Ipala, y desde ahí cobró más relevancia, y aunque en el pueblo lo siguen viendo como el vecino normal, cercano y benefactor, en el plano político casi nadie se atreve a contradecirlo; por ejemplo, en las pasadas elecciones, contra Javier solo hubo un contrincante, por Encuentro por Guatemala, y logró apenas la tercera parte de votos.

Prensa Libre visitó la alcaldía de Ipala; sin embargo, el alcalde, a través de su secretario, se negó a una entrevista, por problemas de salud.

Nota del editor: La versión original de este artículo se publicó en la edición impresa de Prensa Libre el domingo 7 de julio del 2019, como parte de una serie de entregas periodísticas que trataban de explicar el cruce del narcotráfico con la política.