Alejandro González, nominado a la Contraloría: Habrá intercambio de información

Con 71 puntos, Alejandro González Portocarrero es otro de los aspirantes que integran la nómina final de la cual el Congreso de la República elegirá al próximo contralor.

Alejando González es uno de las seis que integra la lista de profesionales para dirigir la Contraloría General de Cuentas. Explicó sus proyectos si resulta electo contralor. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)
Alejando González es uno de las seis que integra la lista de profesionales para dirigir la Contraloría General de Cuentas. Explicó sus proyectos si resulta electo contralor. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Prensa Libre entrevistará a los seis candidatos a la Contraloría y las publicaciones serán cada día, en el orden en el que los aspirantes nos atendieron.


Implementar tecnología y establecer criterios de auditoría son parte de los planes de González, si es electo contralor general de Cuentas. 

El profesional fungió como jefe interino de la Indentencia de Aduanas en la Superintendecia de Administración Tributaria (SAT) en el 2015, luego de destaparse el caso La Línea. Es contador público y auditor y tiene estudios de maestría en Administración de Empresas,  Administración Tributaria y Tecnología de Aseguramiento.

¿Qué será lo primero que implementará de su plan de trabajo?

Lo primero será el análisis de riesgo, que consiste en una matriz de riesgo de las entidades que son sujetas a la fiscalización por parte de la Contraloría para enfocar a los auditores en cuestiones de riesgo ya identificadas y que no vayan a hacer una auditoría compleja, sino que vayan “al grano”.

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¿Cree que el criterio de los auditores se debería uniformar ante la discrecionalidad que hay?

Tiene que haber criterios ya preestablecidos, pero tampoco deben ser camisa de fuerza para que los auditores no puedan salirse de ahí, sino que también haya una participación de ellos, la cual debe ser evaluada en primera instancia por sus supervisores y luego por otra instancia —que creará— para que se discutan los posibles hallazgos.

¿Qué estrategia implementará para hacer más eficaz el sistema de declaraciones juradas patrimoniales?

Una de las estrategias fundamentales es lograr convenios de intercambio de información con algunas dependencias como el Registro de la Propiedad y la Intendencia de Verificación Especial, porque a través de ellos podemos obtener información que nos sirva para comprobar si efectivamente lo que se está declarando es correcto y no haya un enriquecimiento ilícito de los funcionarios.

¿De qué manera puede confiar la ciudadanía en que su gestión se hará con independencia de los diputados que lo eligen?

Con el actuar. Yo creo que desde el momento en que tomemos las primeras decisiones, desde ahí la población va a poder identificar que se está tratando de hacer el trabajo bien hecho y de manera transparente.

¿Cómo será su lucha contra la corrupción?

Fuerte. La Contraloría tiene un papel fundamental en la sociedad. Si la Contraloría hace un trabajo eficiente en todas las instituciones y dependencias, que revise adecuadamente la aplicación de los gastos y que actúe de manera preventiva, desde ahí se estará haciendo una lucha frontal contra la corrupción.

González es contador público y auditor y en el 2015 laboró en la Intendencia de Aduanas de la SAT. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

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¿Qué acciones implementará para evitar actos de corrupción?

Fundamentalmente el uso de la tecnología. Hay instituciones con las que se puede intercambiar información y que se puede dar seguimiento de todo lo que está sucediendo en el actuar de las instituciones y dependencias del Estado.

¿Cree que son importantes las auditorías preventivas?

Son importantes y sí se deben de hacer y focalizar; es decir, hay auditorías que se pueden hacer desde el momento en que se están llevando los procesos. Por ejemplo, en compras significativas a través de licitaciones. Desde ahí se puede actuar de manera preventiva.

¿Cuáles son las principales reformas que impulsará?

Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de toda la aplicación de la ley y de focalizar en dónde hay posibles situaciones que derivado de la ley no se pueden fiscalizar de manera adecuada para después hacer una propuesta.

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