Guatemala

AmCham considera que la decisión sobre el salario mínimo reducirá la competitividad

 Por medio de un comunicado, AmCham asegura que la decisión del aumento del salario mínimo en Guatemala no se compensa con infraestructura y certeza jurídica.

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El salario mínimo para el 2026 fue decidido por el Presidente y entra en vigencia el 1 de enero. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La decisión que tomó el presidente Bernardo Arévalo alrededor del salario mínimo para el 2026 fue analizada por la Cámara de Comercio Americana (AmCham), quien emitió un comunicado de prensa al respecto.

La entidad señala que comparte la importancia de promover el bienestar y desarrollo económico del país, pero considera que la decisión debió que considerar las condiciones sectoriales y de la región.

A partir del 1 de enero del 2026, el salario mínimo legal aumentará 7.5% para el sector no agrícola, 5.5% para el sector agrícola y 4.0% para la actividad exportadora y de maquila, según la decisión presidencial.

“El ajuste salarial mínimo aprobado para el 2026 incrementa significativamente la presión sobre los costos laborales y reduce la competitividad de Guatemala, sin compensarse con mejoras estructurales de infraestructura, certeza jurídica o reducción de costos no salariales”, expresan.

El pronunciamiento añade que en toda la región los inversionistas evalúan el costo laboral para la inversión, así como otros factores, que al no estar garantizados en el país podría traer efectos a considerar.

“Incrementos salariales no alineados a con estos factores afectan el clima de inversión, particularmente en sectores intensivos en mano de obra, y pueden limitar la generación de empleo formal, incentivando además la informalidad o el desplazamiento de inversiones hacia otros países de la región”, señalan.

Tras el anuncio, otros sectores se han pronunciado, entre ellos el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien considera que la decisión necesitó una discusión más profunda y técnica.

Mientras que la Cámara de Industria fue más directo al rechazar públicamente la decisión presidencial, la calificó como “una decisión política disfrazada de protección social”, destacando que se afectará a cerca de 218 mil micro empresas.

Por su lado la Cámara del Agro destaca que el incremento no guarda proporción, y que no se entró a analizar la manera en que se absorberán los mayores costos laborales.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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