Autoridades indígenas rechazan nombramiento de Consuelo Porras y advierten con paro nacional y bloqueos de carreteras

Organizaciones indígenas piden, entre otras cosas, que el presidente Giammattei reconsidere el nombramiento de la fiscal general.

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Autoridades indígenas del occidente del país manifiestan frente al Congreso y Casa Presidencial en contra de la reelección de la fiscal general María Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: Roberto Sánchez)
Autoridades indígenas del occidente del país manifiestan frente al Congreso y Casa Presidencial en contra de la reelección de la fiscal general María Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: Roberto Sánchez)

La reelección de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) tras la designación del presidente Alejandro Giammattei continúa generando reacciones de parte de sectores organizados, y este jueves 19 de mayo organizaciones indígenas advirtieron con convocar a un paro nacional y bloqueo de carreteras si el mandatario no revierte su decisión.

Representantes de la Alcaldía Indígena de Sololá, que protestaron frente al Congreso y Casa Presidencial, señalaron que la decisión de Giammattei de confirmar a Porras en el cargo de fiscal general atenta contra los derechos humanos, pues ella al frente de la institución ha encabezado persecuciones penales en contra de operadores de justicia que “han luchado contra la corrupción”.

Édgar Benjamín, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, señaló que “no queremos el nombramiento porque la señora Consuelo Porras ha estado persiguiendo a los administradores de justicia, ha estado persiguiendo a los fiscales que están combatiendo la corrupción en Guatemala, como también la fiscal general ha tratado de criminalizar y perseguir a la autoridad indígena y eso no lo vamos a permitir”.

Añadió que durante años las autoridades indígenas han sido víctimas de persecución, pero a pesar de eso el MP no ha hecho nada al respecto y por ello “la autoridad indígena de Sololá (…) le está diciendo al presidente de la república que si no considera su decisión de nombrar a la fiscal general entonces que se atenga al paro nacional” al que se convoca a la población guatemalteca, universitarios, sectores sociales y pueblos indígenas.

Refirió que la postura de los pueblos indígenas ante dicho nombramiento es ya no permitir más “atrocidades y violaciones de los derechos humanos”, por lo que recurrirán a las Naciones Unidas “para pedir la intervención para que sancione al Estado de Guatemala” para que reconsidere su decisión porque “el nombrar a la fiscal general otra vez atenta contra los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas”.

Los representantes indígenas también rechazan la Iniciativa 5923 correspondiente a la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, al considerar que lo que se pretende es privatizar lugares sagrados para sus pueblos y despojarlos de espacios importantes para su cosmovisión y espiritualidad.

Los líderes indígenas aseguran que si el Gobierno no escucha sus demandas bloquearán durante 15 días el país.

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Misrahi Xoquic, alcalde Indígena de Sololá, dijo que si las autoridades no atienden sus demandas pasaran a las medidas de hecho, como bloqueo de carreteras.

Convocatoria

Además, la Asamblea del Concejo de Alcaldes de los 48 Cantones y las cinco Juntas convocaron a “todas las organizaciones indígenas, universidades, iglesias, sector salud, maestros, sindicatos de trabajadores y al pueblo en general” para que se unan a una concentración en plazas y parques de todo el país y vestidos de blanco y negro protestar contra “los últimos acontecimientos” ocurridos en Guatemala, entre ellos la designación de Porras como fiscal general.

“Ante la coyuntura nacional en la que los pueblos que conformamos el Estado de Guatemala están en desacuerdo por las decisiones tomadas por el señor presidente de la República y a todo el aparato político de nuestro país, manifestamos nuestro descontento ante la imparable corrupción”, dice un comunicado de dicha organización.

Además, refiere que están inconformes con la “designación de la fiscal general” sin importar el clamor popular. También rechazan el alza “desmedida” de los precios de los combustibles y de la canasta básica.

También exigen detener las alzas trimestrales en la energía eléctrica y que se cree la ley General de Electricidad y su Reglamento.

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Además, exigen que se reforme la Ley de Comisiones de Postulación y que con eso se integren representantes de los pueblos indígenas “para tomar las mejores decisiones y así tener legitimidad en el proceso de elección de candidatos”.

“A todos los totonicapenses les invitamos el día sábado 21 a partir de las 9 am en el Parque San Miguel a una magna asamblea para manifestar nuestro descontento y rechazo a los últimos acontecimientos, para demostrar nuestra inconformidad y solicitud de reformas de las leyes mencionadas, firmaremos el oficio que se presentará a los entes encargados de dirigir los destinos de nuestro país. Invitamos que cada perfil de las redes sociales este en blanco y negro el sábado 21”, refiere el documento.

Postura

Respeto a los pronunciamientos, el MP dijo que “es respetuoso del derecho de opinión de cada persona o grupo”, pero que la elección de Porras Argueta “se dio mediante un proceso estipulado en la ley de Comisiones de Postulación y cumplió con todos los requisitos que establece la ley, incluso siendo la mejor calificada”.

Agregó que la fiscal general “ha sido garante del cumplimiento de la ley, mediante una persecución penal objetiva, imparcial y sin ningún sesgo. Asimismo, el trabajo desarrollado ha afianzado al Ministerio Público como una institución enfocada en el cumplimiento de su mandato legal y constitucional”.

El “golpe final”

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que la reciente reelección de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, pone en riesgo los derechos humanos en el país.

La entidad aseveró en un comunicado que el nombramiento de Porras por parte del presidente guatemalteco, Alejandro Giamattei, podría ser el “golpe final” para el Estado de Derecho, en palabras de la directora para América de la organización, Tamara Taraciuk Broner.

“La decisión de Giammattei de reelegir a Porras como fiscal general pone en serios riesgos los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país”, apostilló HRW en la nota de prensa.

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El pasado lunes, el mandatario reeligió a Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público para el periodo 2022-2026, pese a que en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia.

La sanción contra Porras llegó después de que en julio la fiscal general y jefa del Ministerio Público removiera de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien imputó por corrupción a más de 200 personas de alto perfil entre empresarios y funcionarios, entre 2014 y 2021.

El martes, Estados Unidos catalogó como un “paso atrás” para la democracia la reelección de Porras, a la vez que anunció la prohibición de entrada en el país de su familia por su implicación en actos de corrupción.

De acuerdo con el comunicado de HRW, la actual fiscal general guatemalteca ha “creado casos criminales arbitrarios en contra de periodistas, jueces y fiscales”.

El miércoles, el Reino Unido también expresó su “preocupación” por la reelección de Porras, quien se ha defendido argumentando que siempre ha actuado “de acuerdo con la ley” y ha implorado también por la “independencia” del Ministerio Público ante cualquier injerencia extranjera.

La elección de Giammattei

Giammattei designó a Porras de un listado de seis candidatos compuesto además por los abogados Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual procurador general de la nación (PGN).

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El listado de seis candidatos fue definido por una Comisión de Postulación conformada por los decanos de las universidades del país y otras autoridades como la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en un proceso criticado por diversos sectores por supuestas “irregularidades”.

Al menos 15 operadores de Justicia guatemaltecos, entre exfiscales anticorrupción y jueces de alto impacto, se encuentran exiliados por la presunta persecución judicial por parte de Porras, según han denunciado públicamente desde el exterior.

HRW instó a otras naciones a “condenar” la reelección de Porras y a “sancionar” a los individuos, incluidos los que “pertenecen al sector privado”, que están “socavando el Estado de Derecho” en Guatemala.