Nómina de sueldos en el Congreso causa agitación

Luego de que el presidente del Congreso, Mario Taracena, reveló la lista de empleados y los sueldos que perciben, el revuelo no se hizo esperar y surgieron exigencias de reformas a la Ley Orgánica de ese organismo y renegociar el pacto colectivo con los trabajadores, el cual tendría aspectos lesivos para el Estado.

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Mario Taracena, presidente del Congreso, explica a jefes de bloques las intenciones de divulgar la nómina de empleados. (Foto Prensa Libre: Alvaro Interiano)
Mario Taracena, presidente del Congreso, explica a jefes de bloques las intenciones de divulgar la nómina de empleados. (Foto Prensa Libre: Alvaro Interiano)

Según el documento publicado, el Congreso tiene mil 887 plazas. La mayoría de empleados (475) están a disposición de los 158 diputados, pero la Ley les permite a los congresistas contratar a un ujier, un asistente y una secretaria más en renglones temporales.

Es decir que a la planilla de mil 887 se suman cada año, por ley, 474 empleados. Si se hiciera un promedio del total de la planilla, se podría decir que cada diputado tendría 14 plazas.

Las críticas han sido más fuertes por los salarios porque, si bien no en la mayoría de trabajadores, en la nómina del Congreso aparecen secretarias que ganan al mes Q35 mil 87.65 y conserjes que perciben Q30 mil 105.54.



Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), aseguró que no se trata solo de los sueldos, sino de que es sabido el uso clientelar que se ha hecho de esas plazas.

“Hay evidencia de que las plazas las han usado como moneda de cambio con otros poderes del Estado. En este trueque se vincula a la ex secretaria privada de Roxana Baldetti y exdiputada, Daniela Beltranena, durante el período de Pedro Muadi”, dijo Castillo.

Muadi está en prisión preventiva, investigado por la creación de plazas fantasmas durante su gestión como presidente del Congreso. Según una investigación de Prensa Libre, 14 años fue el período en que más contratos se efectuaron.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), dijo que la única forma de solucionar el problema de la cantidad de personal en el Congreso es modificando su ley orgánica y renegociando el pacto colectivo con los trabajadores.

Nineth Montenegro, legisladora de Encuentro por Guatemala, recordó que en el 2012 creó una serie de mesas en las que se determinó lo mismo: hay que hablar con los trabajadores porque el incremento anual del 10 por ciento es insostenible.

Alfredo Tumax, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, indicó que el año pasado presentaron un plan a la Junta Directiva, en el cual proponen establecer un techo y que el aumento sea escalonado.

El politólogo del Ipnusac considera que de inmediato se debe proponer un plan de retiro voluntario, para reducir el número de empleados.

Sin embargo, Roberto Alejos, expresidente del Congreso, recordó que en el 2011 se planteó el retiro voluntario, pero los trabajadores lo rechazaron porque para ello se deben jubilar y el techo más alto que recibirían es de Q5 mil mensuales.

Atractivo

Tener una plaza presupuestada en el Congreso es atractivo porque, además de ser una de tantas entidades emplazadas —lo que dificulta los despidos—, cada año se recibe un aumento salarial del 10 por ciento, gracias al Pacto Colectivo, que firmó Jorge Méndez Herbruger cuando fue presidente del Legislativo, en el 2005.

Una investigación de Prensa Libre, en agosto de 2014, reveló que en los últimos 14 años la cantidad de empleados pasó de 217 a mil 442. Con los datos dados a conocer ahora se establece que la planilla de presupuestados es de mil 887.

El año pasado, el Congreso destinó el 74.5 por ciento de sus recursos al pago de sueldos. Es decir, de Q853.7 millones gastó Q635.8 millones en pago de personal.

Orlando Blanco, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró en la instancia de jefes de bloques que el problema no es tan superficial, ya que no se sabe dónde están ni quiénes son muchos de los empleados asignados a cada diputado o bancada.

“La UNE tiene cargados a varios que no sabe ni quiénes son”, justificó.

Afiliados al Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol) aseguraron que no es culpa de los empleados que se perciban esos sueldos, ya que no son ellos quienes los establecen o contratan al personal.

Xiomara Conde, secretaria general del Stol, indicó que el año pasado interpusieron una denuncia para que se investigaran las plazas.