Guatemala es propicia para cometer delitos electorales

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG), presentó un informe sobre la financiación de los partidos políticos en el país; el comisionado Iván Velásquez habló de redes de corrupción, monopolios de medios y la filtración del narcotráfico alrededor las organizaciones polítiicas.

El financiamiento corrupto de la política provoca contribuciones que contravienen leyes en materia de financiamiento político. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)
El financiamiento corrupto de la política provoca contribuciones que contravienen leyes en materia de financiamiento político. (Foto Prensa Libre: E. Bercian)

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se refirió de cómo se financian los partidos políticos en Guatemala donde resalta que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones políticas.
Velásquez resaltó que está demostrado que: “la corrupción es la unificadora del sistema político  guatemalteco” y que la mayor parte del financiamiento de la política de Guatemala “procede de la corrupción”, pues “hay autofinanciamiento”.
El comisionado detalló que hay un papel determinante dentro del esquema: el del recaudador que se acerca a estructuras criminales, tiene independencia en las campañas presidenciales y movilizan recursos directamente al candidato a quien ni siquiera le dicen el nombre de los donantes o el monto del aporte, ni establece con claridad cuál es el compromiso con estas personas.

Del año 2007 a mayo de 2015 el Ministerio Público conoce 326 denuncias por delitos electorales. (Infografía Prensa Libre: Cicig)

“Esto le permite un alto grado de incidencia en un eventual gobierno, un ejemplo paradigmático es el  señor Gustavo Alejos, quien fue un recaudador que se enriquece y construye redes en el gobierno de (Álvaro) Colom. Él, desde su posición, logró una importante influencia política y facilitador de negocios propios y ajenos. Influyó en el nombramiento de funcionarios y las empresas vinculadas a él fueron beneficiadas. Su padre y su hermano fueron llevados a puestos públicos. Él reconoció que financia a la UNE y a la GANA”, dijo Velásquez.
Citó como ejemplo que “en el gobierno de la UNE se detectó a por los menos dos grupos de financistas beneficiadas. El primero el caso de Gloria Torres, hermana de la entonces esposa del señor Colom. Además, el caso de Obdulio SolórzanoMontepeque, que representa la participación de un miembro del narcotráfico en puestos políticos clave”.
Agregó que el crimen organizado también está metido y por eso se han documentado ya algunos pocos casos. Desde fuentes secundarias e investigaciones se han identificado relaciones entre grupos criminales y políticos, con apoyo a candidatos presidenciales con financiamiento indirecto a cambio de información y protección.
Citó como ejemplo que “en el gobierno de la UNE se detectó a por los menos dos grupos de financistas beneficiadas. El primero el caso de Gloria Torres, hermana de la entonces esposa del señor Colom. Además, el caso de Obdulio Solórzano Montepeque, que representa la participación de un miembro del narcotráfico en puestos políticos clave”.https://twitter.com/prensa_libre/status/621719691287859200

Resaltó además que el narcotráfico busca diversificar sus negocios y el control parcial de la institucionalidad de seguridad y justicia. ”Se ha observado que montan empresas constructoras para acceder a contratos de obra pública, lo que les permite tener estructuras de lavado de dinero”.
 El Comisionado señaló la existencia de redes político-económicas-ilícitas (RPEI) que ya han sido señaladas por la CICIG, pero que no los únicos “porque si examinamos los 338 municipios en cada uno podríamos encontrar redes político económicas ilícitas”.

Del año 2007 a mayo de 2015 el Ministerio Público conoce 326 denuncias por delitos electorales. (Infografía Prensa Libre: Cicig)

“Por ejemplo, Baudilio Hichos, los diputados Luis Chávez y Mirza Arriaga o el caso del alcalde Chinautla (Arnoldo Medrano) que tiene una red de saqueo de fondos públicos”, dijo.
“El señor Eswin Jerson Javier Javier, conocido como -Tres Quiebres-, se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. El caso es particularmente ilustrativo, ya que se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable. Aunque se postuló por un comité cívico, al anunciar su campaña mencionó que ha sido abordado por diversos partidos que buscan promoverlo.
“El caso de Javier Javier es particularmente importante porque articula tres de los espacios de financiamiento ilícito señalados en este informe: crimen organizado, construcción de obra pública y medios de comunicación locales”, expone el comisionado.
Del año 2007 a mayo de 2015 el Ministerio Público conoce 326 denuncias por delitos electorales. (Infografía Prensa Libre: Cicig)

Financiamiento privado

Pese a que proporcionalmente el financiamiento político proveniente de las élites empresariales ha disminuido, este sigue siendo determinante sobre todo por la influencia que permite obtener en el Legislativo y el Ejecutivo.
En cuanto al financiamiento proveniente de los empresarios, los casos más mencionados, aunque muy poco documentados, corresponden al apoyo que las empresas azucareras brindaron a los candidatos presidenciales Álvaro Arzú (candidato del PAN en 1990 y 1995) y Óscar Berger (candidato del mismo partido en 1999, y de la coalición PSN-MR-PP, en 2003); y el apoyo que un consorcio transnacional, con base en Guatemala, dio a la candidatura presidencial de Berger en 2003, y a la de Otto Pérez Molina, por el PP, en 2007

Corrupción implica asuntos como

  • Desvío de servicios (empleados que en lugar de sus funciones específicas se dedican a trabajos partidarios)
  • Creación de empleos inexistentes;
  • Compra de votos para elecciones abiertas de candidatos (grupos organizados que se alquilan para votar en más de un partido);
  • Cohecho anticipado (recepción de dinero por personas o empresas que esperan beneficios o privilegios ilícitos);
  • Cohecho propiamente dicho (retornos por parte de contratistas en acción);
  • Defraudación a la administración pública
  • Participación en tráficos y servicios ilícito

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