El monto total de lo adjudicado representa alrededor del 70% de los Q3.1 mil millones ampliados inicialmente al presupuesto de la cartera en marzo pasado por los diputados al Congreso.
Además, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), otra de las unidades ejecutoras del CIV que recibió fondos adicionales, otorgó tres proyectos para la construcción de escuelas bicentenario, por un total de Q137.8 millones.
El decreto 21-2022, que autorizó la ampliación, contempla la intervención de 715 kilómetros en las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, asistencia técnica y control de calidad, la compra de puentes tipo Bailey, la edificación de cuatro edificios educativos y la construcción del puente Belice 2 y sus aproximaciones, así como mejorar y rehabilitar cuatro tramos carreteros.
La normativa, en su artículo 7, establece que las intervenciones y montos no podrán ser modificados por ningún motivo, aunque al revisar los eventos de licitación no coinciden con la redacción del decreto.
Los contratos
De acuerdo con el portal oficial Guatecompras, las adjudicaciones van desde los Q379 mil por la supervisión de proyectos específicos hasta Q285.2 millones por el mantenimiento periódico de la red vial.
Mientras que entre las empresas favorecidas figuran algunas vinculadas a casos de corrupción, otras de asesores que estuvieron en el actual gobierno en su primer año y empresas que trabajan por primera vez con el Estado con proyectos grandes. En la mayoría de los eventos participaron como únicos oferentes.
Dudas
La diputada independiente Évelyn Morataya solicitó a finales del mes pasado a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar una auditoría concurrente al proceso de adjudicación que se realiza bajo ese decreto.
La Contraloría respondió a la diputada que no cuentan con la capacidad técnica para realizar la auditoría a los 92 contratos, por lo que se podían limitar a revisar las adjudicaciones de “una muestra” y determinar si existen irregularidades.
De esta cuenta, Morataya interpuso una denuncia verbal para que dentro de esa auditoría se investigue a las constructoras Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A.; Andria, S.A., y V&T, S.A., que en conjunto suman contratos por más de Q200 millones.
La empresa V&T, por ejemplo, es la misma empresa que construyó casas por Q172 millones para los damnificados del Volcán de Fuego en Escuintla y hace dos semanas le fue adjudicado un contrato de Covial por Q137 millones por el recapeo de un tramo de 23.5 kilómetros entre Los Encuentros y Cuatro Caminos, Sololá.
La empresa del 2006 a la fecha ha recibido contratos del Estado por más de Q766 millones, según consta en los registros públicos de Guatecompras.
Otros actores también preocupados por los contratos adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones son los contratistas de la construcción, que advierten que se deben asignar las obras a empresas que garanticen un trabajo a largo plazo, para optimizar la ejecución de los recursos.
“Lo que esperamos es que el uso de este capital se audite, primero de una forma transparente desde el lado económico; segundo, que exista una evaluación exhaustiva sobre el trabajo que se realizará desde el análisis, planificación y evaluación del mantenimiento de las carreteras; por último, que se inicie un proceso de desmonopolización, para evitar corrupción en el Ministerio de Comunicaciones”, indicó Jorge Toruño, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, entidad adscrita a la Cámara de la Construcción.
El entrevistado indicó que una propuesta para tecnificar la cartera del ramo y hacerlo más transparente es retomar la discusión de la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial.
Explicó que ese proyecto modernizaría el modelo de contratación que actualmente tiene Comunicaciones.
La iniciativa 5431 fue elaborada en conjunto con el sector privado y avanzó en el Congreso hasta su segundo debate en el 2019; sin embargo, el interés por crear una instancia específica que coordine la construcción de carreteras se perdió en la actual legislatura.
Por su parte, el diputado Alberto Sánchez, integrante de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, indicó que han sostenido varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para ver cómo ha sido el avance de las adjudicaciones, aunque aclaró que aún no cuenta con datos concretos. Reiteró que como legisladores ven la urgencia de la intervención de las carreteras del país y que, por ello, apoyaron la ampliación de presupuesto.
Quitan Q400 millones
El pasado 22 de junio, de urgencia nacional, de nuevo los diputados aliados al oficialismo aprobaron modificaciones al decreto 21-2022, y disminuyeron Q400 millones a los Q3.1 millardos que fueron ampliados a inicios de este año. El monto se destinó al fortalecimiento de un fondo de emergencia solicitado por el Ejecutivo.
Hasta ahora, el CIV no ha informado de qué proyectos prescindirá para liberar estos fondos, ya que los recursos eran destinados, según el decreto 21-2022, para proyectos ya priorizados.
