Compra de 500 mil cartillas transcurre entre inconformidades de empresas oferentes

Poco tiempo para ofertar y bases hechas a la medida para favorecer a proveedores son algunos de los reclamos de las empresas que compiten.

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Si pronto no se logra comprar nuevas cartillas, podría haber desabastecimiento en los próximos meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Si pronto no se logra comprar nuevas cartillas, podría haber desabastecimiento en los próximos meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ayer fue la fecha estipulada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para recibir ofertas de las entidades interesadas en venderle 500 mil cartillas para pasaporte. El evento transcurre en medio de reclamos de empresas por supuestos pactos para favorecer a proveedores determinados y plazos insuficientes para preparar la oferta, entre otras inconformidades.

El primer cuestionamiento se trasladó al IGM el 9 de junio por parte de una empresa anónima que señalaba que las bases del evento redujeron “considerablemente la seguridad del pasaporte al no solicitar un hilo de seguridad incrustado en cada una de las hojas interiores, lo que implica que los guatemaltecos tengan que portar un pasaporte de menor calidad y más fácil de falsificar”.

Además, refirió que el plazo de 2.5 meses para entregar el primer lote luego de aprobado el contrato era imposible de cumplir. “En la práctica se tienen menos de dos meses para fabricar todos los elementos y ensamblar las libretas”.

De lo contario, la única forma que un proveedor pueda cumplir con esto es si ya hay un acuerdo previo para adjudicarle, con las bases hechas a la medida, señala la empresa.

“Para preparar una manifestación de interés (…) se requiere de al menos 30 días. La única forma en la que se podría cumplir con lo solicitado en 8 días (el tiempo requerido) es si un proveedor conocía previamente a la publicación (del evento) lo que se requería”, razonó la empresa.

La otra inconformidad es de GSI Sociedad Anónima, la entidad que había ganado la primera licitación que se anuló en enero por Q23 millones 580 mil. Señala varias irregularidades, entre las cuales está que no se cumplió con publicar en el portal del Diario de Centroamérica la invitación a ofertar.

También protesta contra la exigencia que hizo el IGM en cuanto a que el fabricante debía de contar con un capital 100 por ciento estatal, puesto que a su criterio esto viola la libertad de comercio e industria, libre competencia y concurrencia, pues “en el mercado internacional existen prestigiosos fabricantes de libretas de pasaporte con capital público y privado que pueden cumplir y superar las necesidades del IGM”.

Además, se quejó que el IGM no especificó la capacidad económica que debe tener el interesado, tal como lo establece el Registro General de Adquisiciones del Estado, entre otras supuestas anomalías.

También presentó inconformidad Desincal de Centro América, Sociedad Anónima. Aseguran que cuentan con experiencia en la emisión de documentos de seguridad y tienen clientes en Europa, Asia y África. Manifestaron su interés de participar, no obstante “el tiempo es demasiado corto para poder presentar una oferta atractiva”.

De momento, la inconformidad de GSI S.A. es la única que se rechazó. La de Desincal de Centro América está bajo análisis. En cuanto a la de la empresa anónima, se presentó en modo de pregunta y el IGM se limitó a responderle que debía presentar su oferta conforme a “las mejores prácticas internacionales” y negó que se tratara de disminuir la calidad del documento.

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Demoras

El IGM ha tenido dos intentos infructuosos por abastecerse de cartillas y si este año no se concreta una compra, podría haber desabastecimiento en los próximos meses, según reconoció la propia institución.

Entre noviembre de 2020 y en enero de este año, la anterior administración, a cargo del exdirector Guillermo Díaz, lanzó dos licitaciones para comprar 750 mil libretas, pero ninguna se concretó porque en ambas ocasiones la Contraloría General de Cuentas recomendó suspender la compra.

La primera vez la CGC adujo falta de transparencia ya que, entre otras razones, el dictamen técnico favorable se hizo previo a que se realizara la solicitud de compra y porque el director selló documentos de la licitación como “director general del Migración”, cuando el cargo correcto era director general del IGM.

En la segunda ocasión, la CGC advirtió que había inconformidades de empresas porque los plazos para ofertar eran reducidos y de tal “no se permitió la libre competencia (…) en el evento al limitar el tiempo de entrega”, dictaminó la auditoría.

Al cierre de esta nota, el IGM no había confirmado cuántas empresas ofertaron. Indicaron que se sabría hasta culminar el acta del evento.