Para algunos, esta propuesta sería una válvula de escape y permitirá manejar el abastecimiento hospitalario y atender la demanda de atención médica. Otros, ven en esta propuesta una nueva excusa del Gobierno para tener el control del gasto obviando los mecanismos de transparencia establecidos.
En el Congreso han circulado varias propuestas, entre ellas una del Ministerio de Finanzas Públicas y otra, la más formal, presentada como una iniciativa de ley por la bancada Visión con Valores (Viva).
“La Ley de Contrataciones deja largos los plazos y algunos requisitos que en este caso creo yo se deben de revisar, aparte de eso existen problemas en las contrataciones, cuando las contrataciones que tienen relación con el covid-19 deben de ser más agiles y cumplir con los requisitos mínimos dentro del marco de la ley”, explicó el diputado Armando Castillo al momento de presentar la propuesta.
El documento también busca que se pueda contratar a estudiantes de medicina pendientes de graduación, que se utilicen los inmuebles bajo el control de la Ley de Extinción de Dominio y que se cree un Consejo externo que acompañe la ejecución del gasto como fiscalizadores.
Castillo defendió que la sugerencia que plantean no busca opacar los esfuerzos de fiscalización, al contrario, es primordial ser conscientes en el gasto público y su iniciativa hasta plantea mayores sanciones legales si alguien hace mal uso de la ley.
“Se establecen medidas de transparencia para garantizar las adquisiciones anteriores, estableciendo una vigilancia adicional a la Contraloría, integradas por miembros ajenos de instituciones estatales. Es un consejo que estaría dándole seguimiento y acompañamiento a las compras que se hagan mediante esta modalidad integrada, por ejemplo, el Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y algunas otras instituciones”, remarcó.
La propuesta de Viva cae en un Congreso que, aunque presidido por el oficialismo, no lo domina y la oposición ha ganado terreno, al extremo que no se logró ratificar un estado de Calamidad impuesto por el Ejecutivo.
El diputado Carlos Barreda, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ya fijó su posición en contra de que el Ministerio de Salud pueda hacer compras y contrataciones sin sujetarse a los mecanismos de fiscalización de la Ley de Contrataciones del Estado.
“Nuevamente se le quiere dar un cheque en blanco al Ministerio de Salud, quieren hacer compras sin control; incluso, proponen mecanismos que tratan de dejar fuera a la Contraloría General de Cuentas, que es la única responsable de hacer la fiscalización de dichas compras”, señaló Barreda.
Según el jefe de la UNE, la intención es que se presente la propuesta al pleno y se busquen los 107 votos para aprobarla de urgencia nacional. Para eso, el oficialismo necesita convencer a las dos terceras partes del Congreso.
“Están cabildeando en querer generar los consensos, nosotros ya analizamos un poco los temas y es nuevamente querer dar cheques en blanco”, insistió Barreda.
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No son la solución
El rechazo a una eventual excepción a la Ley de Contrataciones del Estado a favor del Ministerio de Salud también incluye a expertos en fiscalización, que insisten en que el problema es la mala gestión y no la ley. Como ejemplo, citan el 2020, cuando el país estuvo bajo estados de Excepción y tampoco lograron agilizar compras y contrataciones.
“Los mecanismos ya existen en la Ley de Contrataciones para nivel de unidades ejecutoras relativamente pequeñas, que son las que atienden el covid, por hasta Q90 mil (…) presupuesto hay, y procesos en la ley existen, no hay un mecanismo diferente para adquirir más rápido, ya se puede hacer sin ese tipo de excepciones”, indicó Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC).
Para Flores, también existe el riesgo que la excepción se convierta en la regla y una ley temporal signifique un cambio de manera indefinida a la LCE.
“Es más un interés de modificar la Ley de Contrataciones, están diciendo que es un tema temporal, pero yo creo que hasta se corre el riesgo que se pueda quedar definitivo, o incluso favorecer a ciertos sectores públicos para hacer compras que no respondan al propio covid”, advirtió Flores.
Sofía Montenegro, experta en administración pública e investigadora de la asociación Diálogos, señala que obviar la LCE no solucionará los problemas en la red sanitaria, incluso, señala que la propia ley plantea escenarios para hacer adquisiciones más rápidas, sin tener que evadir la fiscalización.
Según Montenegro, se puede utilizar la subasta electrónica, en lugar de las cotizaciones o licitaciones y ahorrarse tiempo e incentivar los procesos competitivos.
“Esta propuesta no contempla tener más camas ni medicamentos para los pacientes positivos de covid, incluso el personal”, señaló Montenegro.
Consejo vigilante
La propuesta planteada por Viva también sugiere crear una comisión de acompañamiento y fiscalización. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) es propuesta para integrar esta instancia.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, resalta que cualquier iniciativa que persiga agilizar las compras y atender mejor las necesidades hospitalarias es bien recibida y no descarta su eventual participación, toda vez se trabaje “a conciencia” y se incluyan todas las opiniones técnicas y legales.
“Más que participar en una comisión, es importante que el propio Ministerio de Salud garantice el uso de la herramienta del módulo sugerido de compras; ojalá esta pudiera ser una oportunidad para incluirlo dentro de la ley. Si el Ministerio de Salud garantizará el uso del módulo sugerido de compras para que tenga acceso la prensa, se garantizaría totalmente la transparencia”, señaló.
Zapata sí manifestó su preocupación que la propuesta en discusión no incluya al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también debería tener un mecanismo eficiente para responder a las necesidades de la pandemia.
