En enero pasado, la Directiva destituyó a 52 personas consideradas innecesarias, pero a la fecha los juzgados de Trabajo ordenaron la restitución de 34, según el primer vicepresidente, Iván Arévalo.
Carlos Barreda, primer secretario, indicó que apelaron y ya se logró revertir el fallo en un caso.
Se aferran
Otra medida que impulsa la Directiva es el retiro voluntario. Roberto Kestler, tercer secretario y encargado del tema, explicó que han manifestado interés en acogerse a esa medida 30 personas, aunque deben ser evaluadas.
Ha existido resistencia a adoptar esta medida porque los empleados piden que se les indemnice por el tiempo total que trabajaron, pero la Directiva afirmó que dará 10 años máximo, como lo establece la Constitución, y como un bono incentivo sumarían cinco años.
Barreda indicó que se solicitó a la Contraloría General de Cuentas opinión sobre la oferta que se está planteando, pues se están comprometiendo recursos del Estado.
Alfredo Tumax, secretario general del sindicato mayoritario del Congreso, rechazó la propuesta porque “afecta los derechos de los trabajadores que han prestado servicio por más de 10 años”.
Tope salarial
Algunos directivos han puesto sus esperanzas en las reformas a la Ley de Servicio Civil. Manuel Conde, presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, explicó que entre la discusión se ha propuesto que ningún trabajador gane más que un diputado, así como manuales de contratación y evaluación.
Barreda explicó que buscarán llevar al pleno la decisión de suspender el aumento del 10 por ciento al salario total.
También implementarán como medida de control que los empleados bajo el renglón 022 presenten un informe mensual de labores.
Removidos
Mercedes Ofelia Villafuerte, jefa de Personal del Congreso, y Syndi Gabriela Sierra, analista de Nóminas, fueron removidas de sus cargos luego de que el Ministerio Público inició procesos legales en su contra y las vinculó con las plazas fantasma.
La decisión emanó de la Comisión Permanente. El presidente del Congreso, Mario Taracena, justificó: “No vamos a tener cuidando el banco de sangre a Drácula”.
Por los procesos en su contra también renunció Daniel Salazar, quien laboraba como director de Comunicación, debido a que la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en su contra porque además de trabajar en el Congreso lo hacía en el Registro Nacional de las Personas.
A disposición
Aunque el número cambia constantemente, 33 trabajadores del Congreso no encuentran con quién trabajar; algunos, por tener un sueldo alto, y otros porque prestaban servicio a diputados como Gudy Rivera.
Cumplen sus ocho horas de trabajo pero llegan a platicar, no porque quieran, sino porque no les dan atribuciones. “No tenemos la culpa, queremos ganarnos el salario”, afirmó una empleada que pidió omitir su nombre.
