En las últimas dos semanas, el Congreso ha detenido sus sesiones plenarias, con lo que el debate para la aprobación de nuevas leyes o reformas ha quedado en suspenso, aunque analistas consultados consideran que esta ha sido una característica de la actual legislatura.
Los entrevistados advierten que podría verse un patrón en el trabajo parlamentario que se extienda al final del período legislativo, y el tema que acapara más interés es la aprobación del Ppresupuesto del 2022.
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Además, el control oficialista podría marcar la pauta para un 2023 sin mucha actividad legislativa o con agendas controladas por intereses particulares, con menos espacios de discusión ante grupos opositores.
El próximo año, aunque cambia la Junta Directiva, seguirá en manos de las mismas bancadas, encabezadas por la oficialista Vamos, lo que sugiere que la dinámica de trabajo no será distinta.
“No hay una oposición fuerte, no hay verdadero balance a lo interno, y esto no sería malo si lo que uno encontrara en la Junta Directiva fueran verdaderos logros y acciones que no estuvieran desprestigiando más la legislatura de los primeros años de esta alianza; no se ven logros, sino un desgaste”, comentó Hans Quevedo, politólogo y docente universitario, sobre el actual Congreso.
Por ahora el interés se centra en la aprobación del presupuesto del 2022, el cual debe conocerse antes del 30 de noviembre, cuando termina el período de sesiones, aunque por ahora se sabe que será sometido al pleno en las próximas dos semanas.
Agendas legislativas
La elección de la junta directiva del 2022 dejó claro que la oposición no tiene la fuerza necesaria para influir en la dinámica legislativa, y esto permite a los oficialistas impulsar la agenda que necesitan. Como muestra, la reciente ratificación del estado de Sitio en El Estor.
Con la fuerza necesaria, el oficialismo podría controlar el Congreso con las agendas que necesite, lo que no necesariamente pasa por el interés general, según los analistas.
Para que el Congreso logre modificar una ley de rango constitucional o incluso la propia Carta Magna, necesita mayoría absoluta, como mínimo 106 votos, una cantidad que los oficialistas podrían conseguir sin mucho esfuerzo.
Ante esa situación, Quevedo estima que sí hay peligro de que esa alianza legislativa aspire a modificar leyes de este rango, entre las cuales quizás la más beneficiosa para ellos sea la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).
“Sí está abierta la puerta de peligro, principalmente por las reformas a la Ley Electoral, aquellos cambios que no van a trascender para la población; seguramente hablarán de los diputados tránsfugas y la pauta en medios, no serán cosas de fondo para controlar el financiamiento electoral. Creo que sí habrá algunas reformas, pero minúsculas”, afirmó.
Lo mismo opina Jorge Wong, politólogo y analista independiente, quien considera que aunque la alianza oficialista pueda conseguir una mayoría absoluta, difícilmente correrá el riesgo de hacer cambios drásticos, para evitar un estallido social como el de noviembre del año pasado.
“Claro que está presente este peligro, y seguramente lo vamos a ver más adelante con este tipo de leyes. La única cuestión es que si intentan promover una ley demasiado polémica es muy fácil que la población se junte y cambie la agenda, algo donde crucen la línea, pero si todo va bien y si nadie protesta, prácticamente pueden hacer lo que quieran con las leyes, proponerlas y reformarlas”, señaló.
Presión social
Un factor que sí podría influir en la dinámica parlamentaria son los conflictos sociales. Por ejemplo, el grupo de veteranos militares que exige un pago por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado incendió las instalaciones del Congreso.
Sin embargo, según Wong, estas demandas sociales que redundan en conflictos no necesariamente serán resueltas. El analista estima que ahora el Congreso solo aguantará lo suficiente para cargar las responsabilidades a las futuras autoridades del Gobierno, ya que, a su criterio, no desea dar soluciones de fondo a los problemas.
“Lo que generalmente se hace es darle largas a las discusiones, para que sea el siguiente gobierno el que vea cómo arregla la situación. Esto es lo que se visualiza, porque a todas las personas que están ahora manifestando no se les ha dado respuesta. Este es el último año de Giammattei, prácticamente ya solo debe aguantar otro año sin dar resultados y cargar al siguiente gobierno”, analizó.
El entrevistado considera que la mejor opción es que la ciudadanía fiscalice al Congreso, ya que en este organismo no se cuenta con una oposición lo suficientemente sólida para hacerles frente.
Pero esta vigilancia social no será la prioridad de los guatemaltecos, opina Geidy de Mata, directora del área política del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
De Mata considera que la pandemia aún mantiene a las personas en una crisis que parece pasar inadvertida para muchos, pero que en realidad tiene a miles de familias preocupadas por qué llevarán a la mesa.
“Ahorita las personas tienen muchas necesidades básicas urgentes. Se necesita una reactivación económica de país; hay mucho desempleo. El mayor porcentaje de la fuerza laboral está en la informalidad, que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia; hay una gran inflación y se ve con el precio de la gasolina, que encarece el nivel de vida”, exlicó.
