En esta línea se evaluaría el papel de la Policía Nacional Civil (PNC), y con el argumento de mejorar sus capacidades para enfrentar amenazas a la seguridad, como las pandillas, recomendarían ampliar las tareas del Ejército en seguridad ciudadana, según círculos de inteligencia.
Fuentes del Ministerio de Gobernación y de inteligencia afirman que el Ejecutivo prevé prolongar las operaciones del Ejército y ampliar el acceso de la institución a labores de inteligencia civil.
El pasado 29 de enero el ministro Degenhart aseguró que pediría a “la junta directiva del Congreso de la República una reforma al Código Penal, en la cual se tipifique a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 como organizaciones terroristas”, solicitud que, dijo, extendería al Gobierno de Estados Unidos.
Degenhart pareciera ignorar que la pandilla MS-13, con miembros en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, fue incluida desde 2012 en la lista de las organizaciones criminales transnacionales por el Departamento del Tesoro, conocida como Ofac.
No es disuasivo
El artículo 19 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece el área de acción del mismo: “El ámbito de la seguridad interior enfrenta de manera preventiva y directa el conjunto de riesgos y amenazas provenientes del crimen organizado, delincuencia común, en defensa del estado democrático de Derecho”.
A criterio de los exministros de Gobernación Francisco Jiménez y Carlos Menocal, no hay registros de que la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana haya reducido los hechos delictivos.
Jiménez destacó: “Nadie ha planteado dónde están los indicadores de éxito de la participación del Ejército en patrullajes combinados. En términos de política pública no se tiene que tomar decisiones a ciegas”.
Para el extitular del Interior, el CNS “tiene una tendencia militar, si no institucional, sí como mentalidad”.
Jiménez también recalcó que la experiencia en El Salvador y Honduras en el uso del Ejército para el combate de las pandillas “es un fracaso”.
Entre las razones que limitan que haya mejores resultados en tareas de seguridad civil, Menocal apunta tres:
Primero, que en los patrullajes combinados se resta “capacidad efectiva de movilización” a la Policía, ya que los soldados suelen operar en puestos de control y con armas largas que representan un riesgo para la población civil, en caso de un enfrentamiento en barrios o callejones.
La segunda razón es su costo en relación con el beneficio, ya que en los momentos de mayor uso estos han costado entre Q250 y Q300 millones, sin que el Ejército haya podido demostrar la presencia de más del 30 o 40 por ciento del personal por el cual cobraba.
Por último, el exministro de Gobernación apunta que para equipar al personal se ha recurrido de manera tradicional a la Industria Militar, con criterios poco transparentes.
Óscar Pérez, vocero del Ejército, afirmó que la participación del Ejército siempre ha sido por petición de Gobernación, y si bien en un principio se participaba en labores de seguridad en 30 municipios, las fuerzas armadas se han retirado de 20 de estos.
Seguridad civil avanza
Del 2015 al 2017 se registra una reducción del 8 por ciento en la violencia homicida, al igual que un 23 por ciento en delitos contra el patrimonio y el 29 por ciento en delitos sexuales, según registros oficiales de la PNC.
En lo que va del año se han reportado 78 homicidios menos de los registrados en el mismo periodo del 2017; tres muertes menos en el departamento de Guatemala y 75 menos en el resto del país. Una reducción del 16 por ciento según registros de la PNC hasta ayer.
El retiro del Ejército en tareas de seguridad ciudadana estaba contemplado para el 31 de diciembre último; sin embargo, a finales del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad decidió prolongar esas tareas hasta el 31 de marzo próximo.
Por su parte, el vocero de las Fuerzas Armadas aseguró que cualquier intercambio de información que haga el Ejército debe ser en el contexto “de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”.
Narco e inteligencia
Mientras en círculos cercanos a Gobernación aumenta la sospecha de que se busca empoderar más al Ejército en tareas de seguridad civil ciudadana y acceso a inteligencia civil, el vocero del Ejército lo descarta y, por el contrario, asegura que se limitan a su mandato constitucional, que “es más para amenazas externas, solo dentro del marco de la ley”.
Fuentes al interior de Gobernación señalan que el sistema de inteligencia civil se ha fortalecido en dicha institución, por lo que incluir en más acciones a círculos militares representaría un riesgo de seguridad nacional dada la vinculación de militares a delitos.
“Uno de los factores a considerar es que el narcotraficante extraditado Marlon Monroy, alias el Fantasma, tenía vínculos en la fuerza naval militar e incluso fue extraditado otro de sus colaboradores, un militar en activo —Mynor Francisco Leonardo Cerón—”, indicó una fuente a condición de anonimato que ve un riesgo que militares tengan acceso a inteligencia civil.
El mayor de Infantería Mynor Francisco Leonardo Cerón aceptó en abril de 2017 ser extraditado a EE. UU. por narcotráfico.
Para Steven Dudley, codirector del portal de investigación en crimen organizado, Insight Crime, las revelaciones que pudo dar Monroy pueden ser muchas y traer “acusaciones formales, sanciones económicas individuales, o institucionales o sanciones políticas” que podrían usarse para “sanear instituciones”.
