La compra, principalmente de granos básicos, fue encargada al Programa Mundial de Alimentos (PMA), luego que esta entidad suscribiera un convenio el año pasado, donde se comprometía a adquirir alimentos y privilegiar la compra a productores nacionales.
El convenio también incluía la distribución a los 340 municipios y el uso de la plataforma digital SCOPE para el registro y verificación de beneficiarios.
Este miércoles 21 de abril, durante una citación de varios diputados del Frente Parlamentario contra el Hambre con funcionarios de gobierno, incluido el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), José Ángel López, se señaló que había una investigación penal por la compra de alimentos que ingresaron al país de contrabando y fueron adquiridos por el PMA y posteriormente incluidos en los víveres del programa de Apoyo Alimentario.
Según López, hasta este miércoles desconocía que existía una investigación en marcha, como lo afirmó el representante de la CGC.
El PMA, atendiendo un requerimiento de Prensa Libre, dijo desconocer si hay alguna investigación en marcha, pero afirmó que están dispuestos en cualquier momento a colaborar y facilitar cualquier información.
“Respecto a la investigación, no hemos recibido información oficial. Sin embargo, el PMA está totalmente dispuesto a colaborar con cualquier investigación en marcha, dentro del ámbito de nuestro conocimiento, y siempre que se sigan los procesos legalmente establecidos y a través de los canales oficiales, tal y como establece el convenio que el PMA tiene con los ministerios”, dijo e PMA a través de su oficina de comunicación.
Más denuncias
El ministro de Agricultura sí reconoció, en la misma reunión legislativa, que se presentaron varias denuncias contra diputados que han coordinado y dirigido la entrega del programa de apoyo alimentario, cuando le corresponde al Gobierno hacer este trabajo para evitar clientelismo.
Como ejemplo de estas irregularidades, Prensa Libre publicó el pasado 30 de marzo que el exalcalde de Retalhuleu y actual diputado del partido Valor, José Luis Galindo, había recibido y distribuido alimentos.
Según la denuncia presentada a la Fiscalía Distrital de Retalhuleu el 25 de marzo de 2021, la hija del legislador, Angélica Sucely Galindo Motta, servía de intermediadora entre el Maga y beneficiarios de los diferentes programas de alimentos del ministerio sin ser trabajadora de la institución.
Ante estos señalamientos, el parlamentario dijo que eran denuncias sin sustento, con interés político y, lejos de aprovecharse del programa, solo fiscalizaba la distribución de alimentos en su distrito.
Nota del editor:
Esta nota se editó el 21 de abril a las 18.50 horas, para agregar la postura oficial del PMA.
