El ponente del tema en la plenaria de este jueves fue el magistrado Roberto Molina Barreto y el fallo fue por mayoría. El magistrado Néster Vásquez razonó su voto y la magistrada Dina Ochoa no integró el pleno, tomando su lugar uno de los magistrados suplentes.
La CC indicó que “conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”, se otorgó el amparo en definitiva.
El constitucionalista Édgar Ortiz encabezó al grupo de ciudadanos que accionó ante la máxima corte constitucional, según explicó, porque hasta ahora no había sido contundente con las acciones que se llevaban a cabo y que mantenían cierta incertidumbre sobre la transmisión de mando presidencial, el próximo 14 de enero.
La petición, según Ortiz, era que la CC planteara la hoja de ruta de cara a la transición.
“Nosotros acudimos como ciudadanos a un acuerdo cívico denunciando una amenaza de ruptura del orden democrático, concretamente una amenaza a que no hubiese una transición pacífica del poder”, explicó Ortiz a Prensa Libre.
El abogado añadió que el amparo también señala a distintos órganos que intervienen de una forma directa o indirecta en esa transición, por lo que la resolución de la CC ordena a estos actores que “pase lo que pase el 14 y 15 de enero tomarán posesión todos los funcionarios electos”.
“Concretamente el pedido es este, que la Corte ponga una línea de claridad y defina de una vez por todas, que tiene que haber transición”, dijo Ortiz.
La CC ya había fallado de manera provisional a favor de Ortiz y ahora se confirma que “se debe preservar el régimen democrático del Estado, observando con cada actuación los valores fundamentales de la justicia, la seguridad y la paz, en particular el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”.
El amparo también dicta que se deben realizar todos los procesos para garantizar “imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República”.
Actores involucrados
El amparo definitivo que otorgó este jueves 14 de diciembre la Corte de Constitucionalidad ordena acciones específicas a instituciones estatales involucradas.
Al Congreso lo conmina a “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023”. Aquí alcanza tanto al poder Legislativo y al Ejecutivo, en la toma de posesión que debe suceder el próximo 14 de enero.
Insta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.
El fallo también previene “a toda autoridad que actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral.
Sin embargo, el amparo constitucional no significa que debe cesar la investigación penal y sus consecuencias. Por el contrario, la resolución lo consigna.
“Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación , persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como, de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales”, se lee en la resolución.
Pone orden
Para Ortiz, la resolución de la CC es “correcta y no deja dudas” sobre la toma de posesión de las futuras autoridades, ya que entre sus principales alcances se encuentra el respeto de los resultados electorales.
“Nos garantiza una transición pacífica y con las autoridades electas, tal y como las votó el pueblo guatemalteco el 25 de junio y el 20 de agosto; esto es una gran noticia”, enfatizó.
Aunque se cuenta ya con una resolución definitiva, Ortiz no descarta que haya otros intentos de interrumpir el proceso de transición, orquestado por ciertos grupos en el ámbito judicial, pero considera que con esta resolución se descartan los temores a un rompimiento del orden constitucional.
“Seguiremos viendo otros temas judiciales que involucran a miembros del partido electo, pero la gran preocupación de todo el país era la transición y ahora quedó clarísimamente establecido”, manifestó.
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana coincide con la lectura de Ortiz, al mencionar que la resolución “atinada” de la CC permite dar orden en un ambiente convulso que se ha vivido en las últimas semanas.
“La CC pone las cosas en su justa perspectiva, es decir, que distingue claramente la decisión del pueblo expresada en las urnas”, explicó.
Para los dos abogados, también es destacable como la CC define en el documento el campo de acción de instituciones de Estado, como el TSE y el mismo Ministerio Público (MP).
“La competencia electoral es exclusiva del TSE, y por otro lado la competencia del MP para poder investigar hechos que puedan ser considerados delitos”, reafirmó.
Los ciudadanos electos deberán de asumir el próximo 14 de enero y la CC también define que incumplir con la decisión es motivo de acciones judiciales.
“En caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”, dictó el fallo.
