La propuesta modifica el delito de terrorismo y señala que este se comete cuando se altere el orden público o constitucional, y a la pena de 10 a 30 años agrega una multa de cien a dos mil salarios mínimos.
De igual forma establece multa de 10 a 20 salarios mínimos al delito de instigación a delinquir y duplica las penas establecidas cuando se obligue a menores a cometer actos criminales.
Otra característica que contiene la iniciativa es que cataloga como agrupaciones ilegales a las maras, clicas o pandillas juveniles o criminales, siempre que esas agrupaciones se organicen para “transgredir la paz social” a través de ejercer la violencia, agredir a terceras personas, atentar contra la vida, la integridad, la seguridad o bienes de las personas, como “dañar la propiedad privada o pública” o para “hostigar o coaccionar a cualquier persona para obtener un beneficio económico o de cualquier otro tipo”.
Ley peligrosa
Para Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, la propuesta debe analizarse con detenimiento, debido a que tiene varios conceptos que podrían ser peligrosos para la sociedad.
“Cuando se lee el proyecto de ley se identifica que no tiene ningún tipo de viabilidad, pues prácticamente cualquier grupo social podría ser acusado de terrorismo o de ser mara. Creemos que hay que estudiar y modificar la iniciativa para que pueda tener algún tipo de viabilidad”, aseguró el congresista.
Para el diputado independiente Oliverio García Rodas, el problema de la ley es la redacción, debido a que cuando se tipifica un delito se deben establecer ciertos elementos, pero en el caso de este proyecto el tipo penal que se describe es demasiado amplio. “Casi cualquier actividad que se realice podría aplicarse bajo ese delito”, afirmó.
Por ejemplo, la resistencia civil está tipificada en la Constitución, pero si se ejecuta la resistencia civil, según el texto de esa ley, puede considerarse terrorismo,
“Una manifestación que en algún momento se desborde un poco y altere la paz social, que por cierto no sé cuál es el concepto de paz social al que se refiere, pero que lo haga según un juez, puede entrar a calificarse como un acto de terrorismo. El tipo está tan extenso que queda a criterio de un juez si quiere o no aplicarlo”, detalló García Rodas.
Carlos Fion, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden, aseguró que más que leyes el Estado debe impulsar medidas de prevención y mitigación; es decir, “se tiene que fortalecer la educación secundaria, la práctica del deporte y áreas recreativas, para que la juventud tenga ocupación y, por supuesto, fuentes de trabajo”.
La propuesta fue aprobada en primer debate el miércoles, pero ya no se insistió ayer, según el jefe del bloque Todos, Juan Ramón Lau, porque no hubo consenso.
Lau aseguró que las maras tienen características especiales diferentes a otros grupos delictivos, por lo que deben tener un tratamiento especial.
Coyuntural
Édgar Celada, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), y Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Ciudadana, coinciden en que la propuesta es coyuntural y no resuelve los problemas de las pandillas.
Para Godoy, en lugar de impulsar legislación, es mejor una coordinación entre los tres poderes del Estado, porque “de nada sirve que se reconozca a las maras o pandillas en el Código Penal, si sabemos que las cárceles están saturadas y no hay control. Pueden salir 10 leyes, pero si no se aborda el tema de una manera estructural, seguiremos igual o peor”.
Para el experto en seguridad del Ipnusac, la situación de las maras no se resuelve con una ley que, contrario a visualizar una solución integral como Estado, impulsa una visión con enfoque represivo.
“La iniciativa tiene una lógica de mano dura, pero carece del carácter preventivo y de mejoramiento de las condiciones en la sociedad”, lamentó Celada.
El académico Sonja Wolf escribió en El Faro, de El Salvador, que la ley antimaras fue innecesaria en su país, e incluso consideró que se impulsó como parte de una estrategia política de mano dura impulsada por el partido Arena.
Para Wolf, la evolución de las pandillas en El Salvador se debió en gran parte a los planes represivos implementados en ese país, debido a que solo se trató de “una estrategia populista punitiva”, cuando la solución debe ser integral, con prevención y rehabilitación.
