Recursos que habían sido previstos para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) han sido trasladados a otros destinos mientras la institución continúa sin completar su puesta en funcionamiento, según afirmó Mariano Rayo, suplente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) ante el directorio de la entidad.

Rayo explicó que la falta del reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria impide que la Dirección avance en los procesos necesarios para operar y ejecutar los recursos que le corresponden.

“Ante la inoperancia total de la DIPP, fondos que han quedado en el presupuesto, los que estaban presupuestados, han sido utilizados (...) y trasladados para otros fines, según lo ha decidido el Ministerio de Finanzas y el Gobierno”, señaló.

El integrante del directorio agregó que, desde el 1 de julio, comenzaron a generarse recursos vinculados con disposiciones tributarias que, según indicó, deben destinarse a la DIPP. Sin embargo, la entidad todavía no cuenta con la estructura necesaria para administrarlos.

“Parte de los ingresos por impuestos van a las cuentas de la DIPP, pero aquí cuentas de DIPP no existen”, afirmó.

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Esta situación ocurre mientras el reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria acumula cerca de 11 meses de atraso respecto del plazo establecido para su emisión. La normativa debía estar lista en noviembre de 2025, pero el expediente fue remitido formalmente a la Secretaría General de la Presidencia hasta el 27 de agosto de 2026.

Posteriormente, mediante un oficio fechado el 10 de septiembre y con sello de recibido del 22 de ese mes, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) trasladó nuevamente el proyecto de acuerdo gubernativo para que, de no existir inconvenientes, fuera sometido a consideración y firma del presidente.

Además Prensa Libre, consultó a la Secretaria General de la Presidencia respecto a dicho reglamento y compartió que este permanece en análisis jurídico y atención de observaciones: “La Secretaría General de la Presidencia recibió el proyecto de reglamento de la DIPP. Actualmente se encuentra en análisis jurídico y atención de observaciones.

El reglamento será emitido tras garantizar su solidez y evitar impugnaciones que afecten el funcionamiento de la DIPP. Trabajamos para que se haga a la mayor brevedad”, concluyó.

Mariano Rayo, suplente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) ante la DIPP, señaló que la falta del reglamento impide avanzar en aspectos esenciales para poner en marcha la nueva institución.

“El reglamento general de la ley detona una serie de acciones adicionales y también habilita que podamos, por ejemplo, aprobar el reglamento del fondo y otras cosas. La DIPP está literalmente paralizada”, afirmó.

Rayo aseguró, además, que desde antes de que venciera el plazo establecido en la ley el asunto ha quedado registrado en las actas del directorio. “Desde antes de que venciera el plazo hemos dejado constancia en las actas del directorio del hecho de que no se ha aprobado ese reglamento”, indicó.

Funciones limitadas

Claudia Cáceres, gerente de la DIPP, explicó a Prensa Libre que la publicación del reglamento permitirá avanzar en una serie de pasos que todavía están pendientes para completar la puesta en funcionamiento de la Dirección.

Entre estos se encuentran la aprobación de normas internas, la contratación de personal técnico y la evaluación de la red vial, que servirá de base para determinar cuáles proyectos deberán priorizarse.

“Lo primero que tenemos que hacer es tener a la DIPP operativa. Entonces, esto significa tener los fondos que nos va a permitir contratar personal, contratar la evaluación de la red vial, pero para tener estos fondos necesitamos la publicación del reglamento que abre la llave a la publicación de otras normativas internas”, explicó.

Cáceres indicó que ya existen borradores de normas internas, pero todavía no pueden ser presentados al directorio para su aprobación mientras no se publique el reglamento general.

¿Qué implica el atraso de este reglamento?

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, Decreto 29-2024, no establece una sanción específica por la falta de publicación del reglamento dentro del plazo fijado.

Rayo indicó, sin embargo, que otras instituciones de fiscalización podrían determinar si existen responsabilidades derivadas del atraso. “En la ley misma de infraestructura vial prioritaria no hay ninguna indicación, pero si la Contraloría, en su derecho de fiscalizar, determina, pues que responda a quienes han ido atrasando”, señaló.

El integrante del directorio también sostuvo que el atraso no se limita al reglamento, pues retrasa otras decisiones necesarias para estructurar la DIPP y preparar el traslado de los proyectos que permanecen bajo otras dependencias del CIV.

El director explicó que la propia ley contempla mecanismos para realizar esa transición: “La misma Ley de Infraestructura Vial Prioritaria ya consideró ese escenario, con fechas. Eso no ha sucedido”, afirmó.

DIPP operativa en 2028

El retraso acumulado reduce el margen para completar las etapas previas a enero del 2028. Antes de esa fecha deberán aprobarse las normas internas, contratarse el personal técnico, realizarse la evaluación de la red vial, definirse los proyectos prioritarios y avanzar en el traslado de los proyectos que correspondan a la nueva Dirección.

Cáceres considera que todavía es posible recuperar parte del tiempo perdido entre finales de este año y comienzos del 2027. Pese a los retrasos acumulados, Cáceres afirmó que todavía espera que la DIPP pueda cumplir con el siguiente gran plazo establecido en la ley: estar completamente operativa en enero de 2028.

“Yo todavía tengo esperanza de poder cumplir con el plazo de la ley que dice que la DIPP tiene que estar 100% operativa, con proyectos ya montados, en enero del 2028”, señaló.

La gerente explicó que el objetivo es utilizar 2027 para avanzar en la evaluación de la red vial, definir el Plan de Proyectos Viales Prioritarios y preparar el traslado de proyectos que actualmente ejecutan otras dependencias. “Es muy importante que este año quede operativa la DIPP, porque entonces todo el 2027 nos va a servir”, afirmó.

Cáceres explicó que uno de los primeros ejercicios será la evaluación de la red vial prioritaria, ya que ese diagnóstico permitirá determinar cuáles carreteras requieren intervención y servirá de base para establecer el orden en que deberán ejecutarse los proyectos. “Ese va a ser la base para poder hacer el plan de priorización de los proyectos. Es donde vamos a saber en qué proyectos podemos invertir desde ya y cuáles tenemos que trabajar un poco más para poder llegar a ejecutar algo”, explicó.

La evaluación abarcará los proyectos viales incluidos en la ley y deberá realizarse bajo estándares internacionales que ya fueron aprobados por el directorio. Actualmente, explicó, ella continúa siendo la única funcionaria al frente de la Dirección.

Antes de enero de 2028 deberán aprobarse las normas internas, contratarse el personal técnico, realizarse la evaluación de la red vial, definirse los proyectos prioritarios y avanzar en el traslado de los proyectos que correspondan a la nueva Dirección.