Ha pasado más de un año y ocho meses desde que cobró vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp). Sin embargo, la Dipp aún no funciona plenamente por la falta de aprobación de su reglamento, que suma nueve meses de atraso.

Esta ley cobró vigencia el 3 de enero del 2025, con excepción de los artículos 89, 90 y 91, que están relacionados con impuestos y que entraron en vigor el 1 de julio del 2026, y el artículo 92, que regula la fuente de financiamiento de la Dipp, que cobrará vigencia el 1 de enero del 2027.

Según un informe de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), hasta agosto del presente año se han acumulado una serie de incumplimientos de varios artículos de la ley, cuyos plazos para su implementación vencieron entre diciembre del 2024 y marzo del 2025.

Entre estos sobresale que hasta agosto no se habían transferido fondos que son obligatorios para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), así como para la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), contemplados en el artículo 114 de la norma.

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Según dicho artículo, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) debía haber realizado el traslado de Q10 millones al Fondo Operativo y otros Q20 millones para el Fondo de Infraestructura, ambos a cargo del Fovip, destinados a financiar el proceso de organización, funcionamiento administrativo y puesta en marcha de la Dipp. Tampoco se asignaron otros Q20 millones para Provial, provenientes del Fondo de Infraestructura del Fovip, los cuales, según la ley, están destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas y de seguridad en la red de carreteras del país. Estos fondos debían haberse asignado desde marzo del 2025, por lo que acumulan ya 17 meses de atraso.

A estos incumplimientos se suma que hasta el momento no se ha realizado la asignación de Q20 millones para el Fondo Operativo del Fovip, correspondientes al ejercicio fiscal 2026, que debían ser destinados al inicio de la ejecución y administración de los proyectos viales prioritarios. En total suman Q70 millones en fondos atrasados.

Incumplimientos administrativos

El informe también revela que los atrasos no se han dado únicamente en materia financiera, sino también en asuntos administrativos que también obedecen a la falta de reglamento. El artículo 95 ordena reglamentar las garantías por terminación de contratos y habilitar la modalidad de licitación “por emergencia” en el sistema Guatecompras.

También se debe habilitar en el Registro General de la Propiedad un registro específico para los derechos de vía de los proyectos viales prioritarios. Su implementación está vinculada al control y certeza jurídica de los terrenos necesarios para las carreteras estratégicas del país.

Tampoco se ha cumplido con el artículo 88, ya que aún no se ha emitido el reglamento de garantías de financiamiento por parte del Minfin. Por parte del Organismo Ejecutivo, no se ha cumplido con el artículo 103, al no emitir el reglamento general de la ley, que tiene nueve meses de atraso.

En cuanto a incumplimientos recientes por parte de la gerencia de la Dipp, no se realizó la primera evaluación del estado de la infraestructura vial, establecida en el artículo 101 y que debió haberse realizado el 25 de abril del 2026.

Además, se ha incumplido el artículo 95 y también su literal a), ya que aún no se encuentra organizada y en operaciones la Dipp con sus órganos y sistemas. Tampoco se ha publicado el informe técnico-jurídico sobre los contratos relacionados con los proyectos viales prioritarios establecidos en el artículo 87 de la ley. En ambos casos, el atraso supera ya los 30 días.

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Ejecutivo solicitará informe

Sobre los atrasos en la implementación de varios artículos de la ley de la Dipp, el presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 2 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura que analizarán el escenario.

“Vamos a averiguar cuál es la situación para que en el directorio se le pida a la gerencia que informe si efectivamente existen estos retrasos o no y por qué”, afirmó Arévalo.

En cuanto al retraso en la asignación de los fondos, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indicó que la asignación de los mismos se estarán haciendo efectivos al momento en que sea aprobado el reglamento de la Dipp.

“Ya estamos en la aprobación del reglamento”, afirmó la ministra.

Sobre las observaciones que la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha hecho al reglamento, la ministra de Comunicaciones indicó que serán conocidas en la reunión del directorio de la Dipp que se realizará la tarde de este miércoles.

Acerca de las observaciones presentadas al reglamento de la Dipp se solicitaron los datos a la Unidad de Comunicación Social de la PGN. Sin embargo, se nos indico que el proceso debía realizarce a través de la Unidad de Acceso a la Información de la entidad.