Con la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP), se contempló la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), entidad encargada del mantenimiento y supervisión de los principales tramos carreteros del país.

La normativa establece que la DIPP debe estar operativa en julio de este año. Sin embargo, aún permanecen pendientes varios procedimientos necesarios para su funcionamiento, entre ellos, la aprobación del reglamento, las estructuras presupuestarias y la evaluación de la red vial prioritaria.

Durante el foro “La urgencia de poner en marcha la DIPP”, organizado por Fundesa el pasado 13 de mayo, en el que participaron autoridades y representantes del sector privado, se abordaron los retrasos y la necesidad de su implementación.

Carmen Abril, representante del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) y directora de la DIPP, confirmó que, pese a que la entidad no se encuentra operativa, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha adjudicado 22 procesos utilizando el artículo de la ley que permite contrataciones por excepción.

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Abril indicó que existe una “falta de coherencia” en la implementación de la normativa. Según explicó, mientras la ley ya se utiliza para adjudicar contratos mediante mecanismos de excepción, la dirección avanza con lentitud. “Lo que falta es tener la conciencia de que la ley de la DIPP no puede usarse para ser un mecanismo de adquisición por excepción y no de institucionalidad técnica y especializada”, afirmó.

Detalló que, de los procesos adjudicados bajo la ley, más de Q1 mil 300 millones corresponden a contrataciones ejecutadas de manera excepcional por el CIV. “La crítica no es que se use el artículo, porque es una herramienta habilitante para atender las necesidades que tiene la red vial prioritaria. La crítica es que si la ley está viva para usar ese mecanismo, también debería estar viva para caminar hacia la institucionalidad permanente de la DIPP”, agregó.

Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), confirmó que hasta el 17 de abril se habían adjudicado 22 procesos bajo esta modalidad. “Se han comprometido, se han adjudicado Q1 mil 338 millones para llevar sobre todo contratos de mantenimiento de red vial, construcción de proyectos e infraestructura vial”, explicó.

Reglamento podría aprobarse en dos semanas

Abril explicó que durante la elaboración del reglamento se propusieron correcciones al documento, luego de las revisiones efectuadas entre distintas instituciones del Estado. Según indicó, el proceso comenzó con una propuesta elaborada por el sector público, la cual fue revisada en una mesa técnica antes de ser trasladada al directorio para su aprobación. “El sector público da una propuesta al directorio para el reglamento. Se revisa en una mesa técnica donde están todos los representantes del sector público”, afirmó.

Abril señaló que, aunque el reglamento fue aprobado por el directorio, posteriormente surgieron observaciones adicionales que retrasaron el proceso. “Entonces, se pasan tres o cuatro meses entre que lo llevamos así o no lo llevamos así”, expresó.

Añadió que espera que el reglamento pueda resolverse en dos o tres semanas, junto con la contratación de la gerencia de la entidad. Sin embargo, señaló que también es necesario establecer un cronograma para recuperar los plazos pendientes. “Tenemos que sentarnos con mucha conciencia a pensar en el cronograma de recuperación de los plazos vencidos”, afirmó.

Por su parte, Claudia Cáceres, gerente de la DIPP, aseguró que la falta del reglamento limita el avance de otros procesos necesarios para la operación de la entidad. “Tenemos este gran hito pendiente del reglamento; nos está limitando a poder hacer muchas otras cosas”, señaló.

Cáceres también cuestionó la lentitud en el traslado de observaciones relacionadas con el reglamento. Según explicó, la respuesta de la Procuraduría General de la Nación (PGN) fue recibida el 24 de abril en el CIV, pero llegó a la DIPP hasta el 8 de mayo. “No se le ve urgencia a implementar la DIPP”, afirmó. Además, indicó que, de existir prioridad en el tema, las observaciones deberían trasladarse de manera inmediata para agilizar el proceso.

Piden reformar la ley

El viceministro Melgar consideró impulsar reformas a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de funcionamiento de la DIPP. “Es una conversación que se pretende tener con los legisladores, los centros de pensamiento y las entidades públicas que participan para pensar en transformar la naturaleza jurídica de la ley”, indicó.

Según explicó, una de las propuestas es modificar la naturaleza jurídica de la entidad para convertirla de un ente desconcentrado en una entidad descentralizada. “Eso facilitaría mucho más el proceso de operatividad”, afirmó.

El viceministro añadió que las reformas también contemplarían mejorar la programación presupuestaria multianual para garantizar continuidad financiera a los proyectos de infraestructura. “Se busca incorporar elementos de programación significativa multianual para garantizar la continuidad financiera de los proyectos cuando ya estén en marcha”, explicó.

Otro de los cambios planteados es establecer un régimen propio para el recurso humano. El funcionario explicó que la ley contempla normas especiales para la contratación de personal, aunque reconoció que el tema salarial ha generado debate. “Se está incluso sugiriendo que quien ocupe el puesto de gerente gane más que un ministro”, indicó.

Asimismo, Melgar indicó que se pretende fortalecer la gestión contractual y los registros de empresas precalificadas para este tipo de modalidades. También mencionó que se analiza reorganizar el respaldo financiero de las operaciones contractuales para que la DIPP pueda asumir directamente compromisos contractuales y reducir la dependencia operativa del CIV.

Acciones pendientes

Abril señaló que varios de los procedimientos establecidos en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria ya se encuentran vencidos, por lo que consideró necesario reconocerlos para poder avanzar en el cronograma. “Tenemos plazos vencidos para atrás y tenemos plazos que todavía quedan para el futuro. Primero tenemos que situarnos en nuestro estatus real; si no hacemos ese reconocimiento no avanzaremos”, afirmó.

Indicó que la ley establece responsabilidades y tiempos específicos para distintas instituciones del Estado, incluidos ministerios y la Presidencia de la República, pero aseguró que algunos de esos plazos no se han cumplido. “Necesitamos identificarlos para poder recuperarlos, para poder entonces hacer un cronograma de trabajo con hitos”, señaló.

La directora agregó que uno de los objetivos es recuperar el tiempo perdido para que la DIPP pueda estar preparada de cara al 2028. “Nosotros necesitamos estar listos completamente en enero del 2028”, expresó. En ese contexto, propuso tres acciones: identificar los atrasos, alinear a las instituciones involucradas y establecer un cronograma con responsables. “Hay responsabilidades de los funcionarios; no podemos hacerlo los demás. Lo tienen que hacer ellos”, dijo.

Respecto del cronograma, comentó que debe incluir tiempos y acciones a realizar en los próximos 30 y 60 días. “Tiene que tener seguimiento público, responsables y que las acciones sean trazables”, explicó.

Abril también cuestionó la lentitud en los procesos administrativos relacionados con el reglamento de la DIPP. Según indicó, el directorio aprobó el documento desde octubre del año pasado, pero el trámite ha tomado más de seis meses. “No podemos tener cada decisión o aprobación administrativa más de seis meses”, señaló.

Además, comparó ese ritmo con la rapidez con la que se han efectuado adjudicaciones bajo el artículo 95 de la ley. “Desde enero tenemos más de Q1 mil 300 millones adjudicados con la misma ley de la DIPP”, afirmó.

Cáceres expresó preocupación por la percepción de que aún existe margen de tiempo suficiente para implementar la entidad. “A mí me preocupa cuando oigo plazos como enero del 2028 y pareciera que falta mucho”, indicó.

Reiteró que la DIPP debe estar 100% operativa, con proyectos ya asignados, en el 2028. “En ese tramo entre julio del 2026 y enero del 2028 se tiene que efectuar la evaluación de la red vial, que tuvo que haber estado en abril, pero no la podemos hacer mientras no tengamos presupuesto asignado y personal”, dijo.