El 21 de mayo del 2019 la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD) celebró la primera reunión con veteranos militares para discutir la viabilidad de otorgarles una compensación económica por la lucha armada que libraron entre 1960 y 1996. La cifra que piden es de Q120 mil, cuyos pagos podrían ser fraccionados.
Las conversaciones, lejos de generar acuerdos, ha devenido en frustraciones de los castrenses, quienes aseguran que todos los políticos les han prometido que cumplirán su demanda, pero esto nunca sucede.
El pasado 19 de octubre el malogrado diálogo evolucionó en amenazas de violencia por parte de los exmilitares, en la destrucción de las instalaciones del Congreso, así como en la quema de vehículos en su interior y agresiones a periodistas que cubrían los hechos.
Según registros de la CPD, desde que se iniciaron los diálogos en 2018 por parte de los exsoldados han participado diversas organizaciones, entre las cuales se encuentra la Asociación de Veteranos Militares Miembros de las Tropas del Ejército de Guatemala (Avemitregua), Asociación de Tropas Retiradas del Ejército de Guatemala (Astregua), Asociación de Veteranos de Guerra Combatientes Unidos, Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos Militares.
Desde un inicio, la exigencia de los militares ha sido cuestionada ya que comprometería recursos del Estado con los cuales se sostienen programas de educación o salud, por ejemplo. Sin embargo, Ana Lucía Olmedo, vocera de la CPD, informó que ni el Ministerio de Finanzas ni el Ministerio de Defensa han expuesto sobre la mesa un análisis que determine si es viable o no financieramente la demanda de los veteranos.
En lugar de ello, las discusiones se han girado hacia cuál iniciativa de ley es la más pertinente para darle cumplimiento a las demandas y sobre la elaboración de los listados de los supuestos beneficiarios. Todo esto, sin contar con un costo estimado de cuánto representaría para el Estado ni si es viable jurídicamente compensarlos monetariamente por su trabajo durante el conflicto.
“Por parte de la comisión no quedó en acta una observación así (sobre la viabilidad financiera de la indemnización). Sí quedó en acta que se les solicitó un listado para tener claridad de cuántos exmilitares eran, pero eso no se dio. No presentaron esos listados”, dijo Olmedo.
La última reunión en la CPD con los militares fue el 23 de abril pasado. Ellos decidieron seguir el proceso en el legislativo, pero el proceso sigue abierto en la comisión, dijo la portavoz.
Al consultar si en la CPD participó la PGN, la vocera indicó que no aparecía en registros si la Procuraduría General de la Nación, como abogado del Estado, participó en las negociaciones. Se preguntó a la oficina de comunicación social de la PGN, pero no hubo respuesta.
Fracaso
Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que el diálogo es la forma de darle salida a este tipo de problemas, pero en Guatemala estos históricamente han fracasado porque los actores involucrados priorizan agendas individualistas o sectoriales por encima del interés común.
“Tanto de los gobiernos como de organizaciones sociales ha existido una agenda particular por encima de la agenda de país. En la construcción del diálogo debiera revisarse con la ciudadanía un plan nacional de desarrollo y todas acciones deberían apostarle a ello”, dijo Dabroy.
El politólogo Jorge Aguilar Wong explica que los problemas escalan de tensión porque los gobiernos tienden a instrumentalizar a gremios como el de los militares para obtener réditos políticos en campaña electoral.
“La gente obviamente se desilusiona. Quieren participar en mesas de diálogo, pero también quieren ver resultados”, dice.
El entrevistado considera la propuesta es inviable, ya que estamos en pandemia y los recursos son insuficientes para hacer frente a la crisis sanitaria. Por tal motivo, es una deficiencia de las mesas de diálogo el no haber expuesto aún si es posible o no entregar esta cantidad de dinero a los castrenses.
Por su parte, Juan Carlos Zapata, de Fundesa, afirma que hay programas sociales y económicos que podrían ayudar a mejorar la productividad de las personas que participan en estas asociaciones.
“A través de las asociaciones de cooperativas y medianas empresas se pudiera apoyar esfuerzos en mejorar las capacidades técnicas, fortalecer procesos que ayuden a mejorar sus ingresos y productividad de forma más institucional”, explica.
