Tampoco se ha cumplido con la integración de una comisión para la búsqueda de los 45 mil desaparecidos, de ellos 3 mil niños, a pesar de que la iniciativa se presentó en el Congreso hace años.
Y en cuestión de racismo -continúa- “estamos mal” por la ausencia de una cultura de tolerancia y convivencia en un país habitado por pueblos maya, garífuna, xinca y ladina, constituyendo los originarios más de la mitad de la población.
El Consejo y la Red Nacional de Víctimas del conflicto considera que muchos de los compromisos no se han cumplido o se han hecho a medias, por lo que miles de personas siguen esperando el respeto a sus derechos, una reparación digna y el acceso a la verdad y a la Justicia.
Las víctimas reclaman al Estado promover “reformas profundas” para combatir la pobreza en la que vive más de la mitad de los 16 millones de habitantes de Guatemala, el racismo y la discriminación.
Los pueblos indígenas y las mujeres enfrentan muchos obstáculos para acceder a la Justicia, la cual es “lenta” y “difícil” de entender para muchas de las víctimas que ni siquiera saben leer y escribir, destaca una evaluación de los Acuerdos de Paz realizada por estas organizaciones.
Además, asegura que el sistema de Justicia ha emitido sentencias “emblemáticas” en casos de genocidio, a pesar de que una resolución del Congreso emitida en 2014 niega las masacres ocurridas durante la guerra.
Los temas centrales de aquel conflicto, el acceso a la tierra, vivienda digna y medios de producción, siguen sin ser atendidos para las poblaciones desarraigadas que viven en precariedad y que también tiene problemas para gestionar una reparación ante el PNR.
El balance, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, es “negativo” para las víctimas que consideran que el Estado “no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos contraídos”, así como para proteger sus derechos y los de los sobrevivientes, según el Consejo y la Red Nacional de Víctimas.
Los pocos avances en materia de verdad, Justicia y reparación se han logrado por el compromiso personal de algunos funcionarios públicos y la persistente lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos con el apoyo internacional.
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno y la guerrilla firmaron, entre otros, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado, Identidad de los Pueblos Indígenas, el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y el Fortalecimiento del Poder Civil.
El Gobierno del presidente Jimmy Morales, quien asumió el poder el 14 de enero pasado para un periodo de cuatro años, anunció su decisión de retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz y darles seguimiento a partir de una nueva agenda para cerrar las brechas sociales y generar el desarrollo económico e incluyente en Guatemala.
Sin embargo, hasta la fecha, solo ha sido una promesa.
Guatemala
Dos décadas después, Guatemala aún viaja por las promesas olvidadas de la paz
Los compromisos contraídos por el Estado de Guatemala hace 20 años cuando se firmaron los Acuerdos de Paz con la guerrilla, que pusieron fin a 36 años de un conflicto armado que dejó 250 mil víctimas, han sido incumplidos y no se ha dado la transformación de las causas que originaron la guerra.
Veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz, las víctimas consideran que el Estado no ha tomado con seriedad el pacto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
“Haciendo un análisis somero, el saldo nos deja mucho que desear, tenemos un saldo negativo”, sostiene la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales.
La magistrada de conciencia comentó a Acan-Efe que lo que más resalta es la falta de resarcimiento a las víctimas del conflicto, pues son pocas las familias que han recibido una “reparación”, que aun así no es integral, como lo exige el informe “Memorias del Silencio” de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) .
Durante los 13 años de vigencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) sólo se han atendido alrededor de 16 mil solicitudes de pequeñas compensaciones económicas.
En la actualidad, el PNR enfrenta una crisis por su bajo presupuesto y la poca capacidad de ejecución: de los 300 millones de quetzales (40 millones de dólares) que debería recibir anualmente, la asignación apenas alcanza los 25 millones de quetzales (3,3 millones de dólares).
Morales asegura que en Guatemala se mantiene la situación de pobreza, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas que fueron, entre otras, las causas que originaron la guerra en 1960.
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