La mayoría de las viviendas se construirían en la comunidad de Xechulul, Nebaj, Quiché, pero el proyecto abarcaba varios puntos del país. Muchas quedaron a medias, otras ni se empezaron y una gran parte están en mal estado, al punto que están inhabitables, denunció Herrera.

El funcionario explicó que el proyecto surgió en la Comisión, pero el mandato le prohíbe construir obra, por lo que se firmó un convenio entre la CNR, la Sepaz y Fonapaz. Este último fue el encargado de ejecutar, bajo la dirección del segundo.

Sin embargo, las quejas sobre los defectos de las viviendas y la falta de ejecución las recibía la Comisión, por lo que desde mediados del 2012 se inició una investigación en que se encontraron “varias cosas raras”, dijo el jefe de CNR.

“Lo más significativo es que nadie sabe cuántas casas se construyeron a ciencia cierta”, detalló.

Según Herrera, por insistencia, en septiembre de este año se instaló una mesa entre representantes de la comisión de liquidación de Fonapaz y la CNR, pero aun así “no se ha dado información clara”.

El funcionario aseguró que se le ha dicho que hay un remanente de Q28 millones de los Q155 millones, pero no detallan en qué se gastaron los otros Q127 millones. “No me dicen ni cuántas casas construyeron”, dijo.

Duplicados

Otra irregularidad en el proyecto es el duplicado de Convenios de Administración de Recursos (CAR), uno de los cuales es el 462-2009, que Fonapaz firmó con la Asociación para el Desarrollo Sostenible Urbano de Guatemala (Asodegua) y con la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (Asodep). Ambos debían construir 287 viviendas por Q10 millones.

“Se hizo un copy paste, solo se cambió el nombre de la Asociación; eso es ilegal. Así como ese CAR hay varios más”, dijo.

Prensa Libre buscó hablar con César Yantuche, administrador liquidador de Fonapaz, pero se indicó que solo se respondía por escrito a través de la Unidad de Acceso a la Información.

Según un alto funcionario de la comisión de liquidación de Fonapaz, hay vicios graves detrás del proyecto, al extremo que la Contraloría General de Cuentas, durante el tiempo de Nora Segura, solicitó que se liquidara, pese a las dudas y a las denuncias.

Indiferencia

Blanco, secretario de la Paz cuando se ejecutó el proyecto, vio con indiferencia la acusación y dijo que es una denuncia política, y que cuenta con las pruebas para desvanecer cualquier duda.

“Esa denuncia ya es antigua. En varias ocasiones la han tratado de revivir funcionarios del PP —Partido Patriota—, pero hay auditorías de la Contraloría General de Cuentas donde todo sale bien. Pero siempre hemos dicho que, si quieren investigar, que investiguen”, manifestó Blanco.

Afirmó: “No han querido cerrar el proyecto desde 2012 porque quieren hacer una persecución política. Nos tiene sin cuidado. Se construyeron todas las viviendas y quedó un fondo de Q26 millones. Los que ahora denuncian usaron ese recurso ilegalmente”.

El contralor Carlos Mencos dijo que, aunque ya haya auditoría de la CGC, si el MP solicita una nueva, se apoyará con la investigación.