Política

Dudoso acuerdo entre Odebrecht y el Gobierno

Desistimiento de tramo que no trabajó la firma brasileña es la condición para reparar 97 kilómetros de carretera.

Por Henry Estuardo Pocasangre

La Dirección General de Caminos buscará que la empresa brasileña firme una acta de desistimiento de acciones contra el Estado por prescindir el contrato. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Dirección General de Caminos buscará que la empresa brasileña firme una acta de desistimiento de acciones contra el Estado por prescindir el contrato. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Persiste el riesgo de demanda contra el Estado, a pesar de que el viernes próximo se reunirán la Dirección General de Caminos (DGC) y representantes de la empresa Odebrecht para  firmar un acta.

Con el documento se pretende que la constructora renuncie a futuras acciones sobre los 97 kilómetros no trabajados de la ruta CA-2 occidente —carretera al Pacífico—, como parte del contrato de ampliación a cuatro carriles de un tramo de 140 kilómetros hacia la Costa Sur.

La DGC tiene dudas sobre la disposición de la constructora brasileña Odebrecht de firmar el documento, el cual  explica que no tomarán acciones legales.

La incertidumbre continúa, pese a que en octubre del año pasado el ministro de Comunicaciones, Aldo García, anunció en el Congreso que había llegado a un “feliz acuerdo” con la firma brasileña.

La reparación de un importante tramo carretero depende de Odebrecht, empresa que pese a tener denuncias penales tiene posibilidades de salir ventajosa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La reparación de un importante tramo carretero depende de Odebrecht, empresa que pese a tener denuncias penales tiene posibilidades de salir ventajosa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Ellos —Odebrecht— no tienen ningún inconveniente con que pueda liquidarse prematuramente el contrato; por lo tanto, no van a reclamar daños al Estado, y se debe empezar el proceso de liquidación”, dijo García en esa ocasión.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas

La idea es que de manera amigable puedan ellos conseguir que se les libere el tramo donde el CIV no ha trabajado, pero si está contractualmente comprometido con ellos. De no firmar Odebrecht, el CIV no puede hacer reparaciones; hay que estudiar que hacer.

El director general de Caminos, José Hanser, explicó que después de que la Mesa de Alto Nivel, integrada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), recomendó firmar la ampliación del desistimiento, se comunicaron con Odebrecht para informarles y solicitarles la reunión en la que deben llegar a un acuerdo.

Del desistimiento a futuras acciones por los 97 kilómetros depende que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) pueda reparar ese tramo, que lleva más de dos años de deterioro y  desde el año pasado está en licitación. A finales de enero se  presentarán las ofertas por las empresas interesadas.

No ven disposición

“No es que hayan puesto peros, pero no estaban de buena gana. Siempre hay cosas que salen a relucir, han dicho que están pensando, por cómo está la situación, además de que sus abogados y representantes están lejos de Guatemala”, expresó el director de Caminos.

Según Hanser, el pacto con Odebrecht para el viernes consistirá en una reunión, por lo que no es seguro que acepten firmar el desistimiento.

“Al tener el acta firmada queda libre. El evento (de licitación) está para el 26 de enero; todo va en tiempo. Si no firman no se puede seguir con la licitación”, añadió Hanser.

Se recomendó otro proceso

Procuraduría General de la Nación (PGN)

En este proceso de liquidación, quien está a cargo es el Ministerio de Comunicaciones. Lo que había pedido esa cartera era una rescisión del contrato, pero eso no permitía solicitar daños y perjuicios, y lo que la PGN recomendó fue efectuar  otro proceso. Recientemente no se ha emitido otra opinión.

Imagen de un puente sin concluir en la carretera CA2, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Imagen de un puente sin concluir en la carretera CA2, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Liquidación

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, explicó que la idea es que el contrato siga vigente porque hay procesos penales y no es posible rescindir de manera formal.

Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos

En este proceso de liquidación, quien está a cargo es el Ministerio de Comunicaciones. Lo que había pedido esa cartera era una rescisión del contrato, pero eso no permitía solicitar daños y perjuicios, y lo que la PGN recomendó fue efectuar  otro proceso. Recientemente no se ha emitido otra opinión.

“El tramo queda vigente en el sentido de que no pueden recibir y liquidar mientras el proceso penal esté en desarrollo; lleva un tiempo mayor”, señaló Mencos.

García dijo el año pasado que, según cálculos, Odebrecht devolvería no menos de US$40 millones —unos Q312 millones— en concepto de trabajo pagado pero no ejecutado.

Hay dos denuncias del CIV contra Odebrecht, una por el avance en el pago y falta de trabajo y la segunda por no haber dado mantenimiento a la ruta.

Una investigación de Prensa Libre en 2017 determinó que el contrato había sido modificado en el costo por kilómetro, al extremo de que solo alcanzaría para la ampliación de 48 kilómetros de los 140.