En ese cruce de datos que se realiza se deben excluir de los listados de personas fallecidas, también deben quedar fuera quienes han perdido sus derechos civiles por tener una sentencia condenatoria firme y también todos los elementos de las fuerzas de seguridad.
“La depuración está casi concretada, a un 90 por ciento, se han suspendido a más de 49 mil personas”, dijo el pasado 13 de abril Alejandra Chiroy, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración del Padrón.
Pero el proceso de depuración es clave al hablar de elecciones locales, apuntan analistas consultados, ya que no contar con un dato certero y real podría inclinar a favor de determinado partido o candidato la balanza electoral.
Mentir en la residencia electoral ha sido motivo de investigaciones en otros eventos electorales, y en el 2023 ya ha motivado a que las autoridades electorales presenten denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Elmer Palencia, fiscal del partido Valor, denunció tener conocimiento de dos casos acontecidos en Guastatoya, El Progreso, y otro más en Jerez, Jutiapa.
Se trata de “personas que presuntamente han cometido el delito de perjurio al indicar que se encuentran o que residen en un lugar, cuando no es así”, refirió el fiscal.
Pero esos dos casos, aparentemente, no son los únicos. Según los argumentos que compartió Claudia Ardón, titular de la Inspectoría Electoral, quien aseguró que ya se han presentado algunas denuncias.
“La inspección general ha realizado varias comisiones para verificar la residencia electoral de ciudadanos, ya sea por conocimiento de oficio de delegados o subdelegados, y también por denuncias presentadas”, dijo Ardón, quien afirmó que por los hallazgos “ya se han presentado varias denuncias al MP”.
¿Quiénes no pueden votar?
Entre los más de 49 mil ciudadanos excluidos del padrón electoral se encuentran los elementos activos del Ejército, de la Policía Nacional Civil (PNC) y quienes integran las policías municipales.
Estos ciudadanos quedan fuera del padrón y sin derecho a ejercer su voto por disposiciones constitucionales. “Cuando hicimos la Constitución veníamos de gobiernos militares, fueron 30 años de vivir este tema, y había más control en el voto. Si a un oficial, soldado o agente de policía se le da la orden de votar por cierta persona, lo van a obedecer”, explicó Roberto Alejos, constituyente y analista político.
Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coincide que por la facilidad que tienen las fuerzas de seguridad de “acatar órdenes”, hasta ahora, son un grupo social que queda excluido del proceso de votaciones.
“Es como una medida que se toma de cara a que pueda existir cierto tipo de coerción para que puedan votar por determinada persona, ya que pertenecen a las fuerzas armadas, por eso se prevén esos sucesos”, refirió.
Deben ser incluidos
Durante las reuniones semanales con fiscales de partidos políticos han sido habituales quejas e inconformidades de los partidos políticos, que a criterio de las autoridades del TSE, esto obedece a que se trabaja con una Ley Electoral que merece ser reformada.
Una de las más críticas al tema ha sido la magistrada Blanca Alfaro, quien considera que las reformas a ley electoral del 2016 fue por cuestiones “emotivas”.
La funcionaria ha comentado en distintas oportunidades la necesidad de llegar a nuevas reformas a la Ley Electoral, incluso, en febrero de este año declaró a medios de comunicación que es necesario que las fuerzas de seguridad puedan votar.
“A unos no nos gusta el tema de los militares y del Ejército, pero recordémonos que efectivamente Guatemala es de los dos países, prácticamente de Latinoamérica, donde no votan los militares ni las fuerzas armadas”, refirió la magistrada.
Este tema, a su consideración, debería de ser analizado por la Comisión de Actualización y Modernidad Electoral (Came), instancia que se integra al final de cada proceso electoral para evaluar las eventuales sugerencias de cambios y mejorar el siguiente proceso electoral.
“Es lastimoso para el país que estas personas no puedan emitir también ese deber ciudadano de elegir a sus autoridades, porque también las decisiones que las autoridades tomen pueden beneficiarles o perjudicarles”, insistió Alfaro.
Por las condiciones actuales de país ya es necesario eliminar ese obstáculo que le impide a las fuerzas de seguridad ejercer su voto, dice Alejos, quien coincide en que las decisiones de las autoridades también les afectan a ellos, por ser guatemaltecos.
“Ya vemos hoy a muchos militares de baja trabajando en distintos partidos políticos, lo cual no se daba antes, y creo que sí llegó el momento de esa reforma. Ya no se dan esas órdenes bajo amenazas y ese control que se daba antes”, amplió Alejos.
Para poder llevar a cabo esto, según el constituyente, es que el TSE continúe protegiendo la secretividad del voto, ya que esto impedirá que existan amenazas o incidencias para el ejercicio electoral.
Por su parte, la analista Pinto, estima que concretar esta reforma requiere de mucha madurez política: “al final ellos son parte de la sociedad guatemalteca y se pueden ver afectados con lo que pase en el proceso de elecciones, pero estas son discusiones que se deben ir dando a medida de la madurez política que tengamos como sociedad, porque el historial del Conflicto Armado Interno tiende a polarizar estar discusiones”.
