Los guatemaltecos están llamados a las urnas el próximo 25 de junio para la elección de presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según apuntan las investigaciones de la entidad internacional, Guatemala ha descendido en el respeto a las garantías fundamentales, por escenarios de represión y criminalización.
Donde destacan la manera en que el Congreso, ha legislado de manera contraria, según sus estudios, en materia de Derechos Humanos, por lo que el año electoral se desarrollará en un ambiente, “hostil”.
Pese a esto, Adeline Nau, investigadora de Amnistía Intencional para Centroamérica, señala que no todo es desalentador si la sociedad aprovecha el próximo evento electoral.
¿Cómo se percibe la situación de Guatemala en materia de Derechos Humanos para el 2023, un año electoral?
Amnistía Internacional observa con mucha preocupación los retrocesos de los últimos años en materia de Derechos Humanos en el país. En particular, solo con dos derechos puedo comenzar con dos.
La reducción del espacio cívico; lo que tiene que ver con la liberta de expresión, de la prensa, el derecho a defender Derechos Humanos, haciendo que Guatemala se vuelva un escenario hostil para los derechos y las libertades.
También tenemos mucha preocupación a la independencia de jueces, magistrados y fiscales.
¿Cuáles son esos otros derechos humanos fundamentales que podrían estar en peligro este año para Guatemala?
Debido a lo que hemos observado, particularmente el año pasado, con la propuesta legislativa, que tenía impactos en los derechos de las mujeres y las niñas en temas de acceso a la salud sexual y reproductiva.
Esa misma iniciativa también profundizaba la discriminación en personas con orientaciones sexuales diferentes, esto atenta contra el derecho de todas las personas a poder vivir y gozar de sus derechos en plena igualdad, independientemente de su identidad de género.
El TSE aceptó algunas candidaturas a cargos de elección popular, aplicando que todos tienen el derecho de elegir y ser electos, pero existen impedimentos constitucionales que no se están tomando en cuenta. ¿Cómo queda Guatemala ante el mundo con estos criterios?
Es fundamental que los órganos que velen por los procesos electorales, en el caso de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, pero también la Corte de Constitucionalidad (CC) cuando resuelvan amparos y otras acciones.
Estos órganos deben de ser independientes e imparciales, para garantizar plenamente sus derechos políticos, porque también son Derechos Humanos, el derecho a las personas a elegir y el derecho a ser electo.
Todo esto está garantizado en las leyes de Guatemala y en los tratados internacionales, es fundamental que se garanticen plenamente estos derechos.
Una de las ofertas de candidatos presidenciales es aplicar la pena de muerte. ¿Qué significaría esto para Guatemala?
El tema de regresar a aplicar la pena de muerte en Guatemala ha sido recurrente, más aun en procesos electorales. Hay que saber que está esta moratoria desde el año 2000, y que en el año 2017 la CC suspendió toda posibilidad de aplicar está pena de muerte para los delitos ordinarios que eran los últimos cargos del Código Penal que permitían aplicarlos.
Además, hay que recordar que Guatemala es parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y ya ha habido sentencias contra Guatemala sobre este tema, que no se puede extender el catálogo de delitos donde se prevé la pena de muerte.
Hay un impedimento grande, tanto Guatemala por sus compromisos internacionales como por la misma decisión de la CC, en la práctica no puede volver a implementar la pena de muerte.
¿Es una promesa vacía?
Totalmente, en el estado del Derecho internacional y en la jurisprudencia en Guatemala no es posible estar aplicando de nuevo la pena de muerte, porque de hacerlo Guatemala estaría violando de nuevo el Derecho intencional.
¿Qué tan tolerantes perciben a los políticos de Guatemala referente a las críticas sociales y a la libertad de prensa?
No sé qué tanto en la práctica, pero a nivel internacional se sabe que quienes ejercen cargos públicos deben someterse a este escrutinio público, es parte de las reglas del juego democrático.
Deben dejar que los periodistas y comunicadores hagan su trabajo plenamente, porque cumplen una función muy importante. En ese sentido, deben de abstenerse de usar los procesos penales, infundados, para la criminalización contra periodistas o contra quienes manifiesten opiniones o críticas.
Es fundamental que no se use el poder para limitar el trabajo de la prensa, de quienes están informando y formando la opinión de la sociedad en Guatemala.
El TSE promete unas elecciones transparentes, pero impide que la prensa documente las reuniones que sostiene semanalmente con los partidos políticos, cuando el resto de magistraturas en aras de la transparencia lo hacían público. ¿Esto violenta el derecho social a estar informados?
Creo que se está violando el derecho de las personas en Guatemala a estar informadas. Es una lástima que se estén cerrando estos espacios que generaban confianza en la población, deberían de ser espacios abiertos, públicos, que permitan garantizar la transparencia y fiscalización de esos procesos tan importantes para un país.
Con todo lo hablado. ¿Cuál es el panorama que Amnistía Internacional tiene para este año en Guatemala?
Un año electoral, como el que vemos hoy, es uno con muchos retos y oportunidades. Hay una oportunidad para contribuir a mejorar los Derechos Humanos en el país.
Garantizar mejores propuestas a nivel de la presidencia y congreso para garantizar el acceso a los Derechos que hemos citado, el derecho a defender Derechos Humanos, defender el trabajo de la prensa, libertad de expresión, Derechos de las mujeres y los niños.
Hay muchas personas que esperan gozar plenamente de sus Derechos Humanos, entonces es una tremenda responsabilidad para quienes están ahorita en la contienda.
El otro lado de la moneda es justamente que existen tremendos riesgos, hemos visto como se han ido debilitando los Derechos Humanos en el país. Esperemos que las personas que sean electas este año no entren a profundizar más en las violaciones a los Derechos Humanos que hemos observado en términos de criminalización.
