Para la congresista, el estado de Calamidad firmado por el vicepresidente Jafeth Cabrera, mientras estaba en funciones presidenciales por la ausencia del país de Jimmy Morales, viola los artículos 138 y 139 constitucionales, al limitar los derechos de locomoción y reunión.

La acción también se fundamenta en que el estado de Calamidad otorga la “no aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, librando a todas las dependencias y entidades públicas, la obligación de licitar y cotizar para cualquier tipo de adquisición que estos realicen”.

Según Montenegro, en el Decreto también se considera al cambio climático como calamidad pública o desastre, sin embargo en el Congreso no ha habido quórum para conocer y hacer las enmiendas necesarias, por lo que el estado de Calamidad sigue vigente.

La acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), busca que se suspenda la vigencia del Decreto por existir un vacío jurídico, además de no tener fundada justificación para su prevalencia y aplicación.

Acciones contra el Presidente

Dos acciones penales en contra del presidente Jimmy Morales y su gabinete se anunciaron el pasado 23 de septiembre, una que planteo el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) y otra promovida por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La primera se trata de una querella en contra del presidente, del vicepresidente Jafeth Cabrera y los ministros, quienes  son señalados de dos delitos, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

Rafael Maldonado, de Calas, argumentó que el Ejecutivo violentó la Ley de Orden Público con el decreto 5-2016, que estuvo vigente durante dos días y daba vida al estado de Prevención.

Según Maldonado, si había riesgo de desastres, era necesario decretar el estado de Calamidad y afirmó que, aunque se haya derogado este decreto, no se elimina la acción ilegal.

Maldonado dijo que detrás del estado de Prevención había “intereses oscuros” y que por ser una “acción ilícita” será la justicia la que determine la responsabilidad de cada uno de los implicados, pues “el delito se cometió” y estuvo vigente.

La acción de la UNE también es contra Morales y sus ministros, y solicita al Ministerio Público que investigue si el decreto de estado de Prevención tenía el objetivo de “desestabilizar la institucionalidad del país”.

“Creemos que se atentó contra la institucionalidad del país”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de la bancada Orlando Blanco, quien pidió investigar a Morales y a su Gabinete “por resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad”.