Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, declaró que, luego de discusiones con la directiva de la empresa, decidieron aceptar para poder operar.
Marston remarcó que la reparación civil planteada aumenta los costos en 25 por ciento y disminuye la rentabilidad.
Además, hizo énfasis en que si es posible la solución planteada, buscarán que se extienda de 21 años, como Aizenstatd lo sugirió, a 25 años, pues el Estado pasará a ser propietario y el impacto financiero sería grande para ellos.
El pago de los US$43.2 millones sería en un solo aporte, según Marston, aunque en la sugerencia del interventor contempla inversión en responsabilidad social empresarial.
La vicepresidenta de la mencionada firma indicó que aunque no está contemplada una prórroga del contrato, la expectativa es que cumplido el tiempo haya una licitación en la que ellos tengan la oportunidad de participar.
Aizenstatd indicó en un comunicado oficial que debe ser la PGN la que resuelva de manera oficial, y aclaró que su planteamiento fue una sugerencia de lo que podría ser una solución sin interrumpir los procesos penales que involucran a personas procesadas por supuesta corrupción.
Proceso previo
Anabella Morfín, titular de la PGN, aclaró que no es posible hacer un nuevo contrato de mutuo acuerdo, pues se debe concluir el proceso de demanda por nulidad que comenzó esa entidad. Una solución puede ser que la empresa se presente ante la judicatura y acepte que el acuerdo fue nulo, y de esa forma se facilitarían los trámites y se cerraría el proceso.
Al Congreso
El aval de cualquier procedimiento que decidan para solucionar el conflicto de APM Terminals y el Estado debe llegar al Congreso, según Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica. Godoy aclaró que el Ejecutivo desconocía la propuesta del interventor, y aunque la calificó de interesante, aseguró que se deberá buscar un proceso legal, transparente y que solo el Legislativo avala.
