La justificación para prorrogar el estado de calamidad es porque continúan los efectos de la sequía en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa.
El 26 de agosto del año pasado, fue declarada la medida para contrarrestar los efectos de la canícula prolongada, a través del Decreto Gubernativo 3-2014.
Ahora el nuevo acuerdo convoca al Congreso para que en los próximos tres días se conozca, ratifique, modifique o impruebe la ampliación del estado de excepción.
El 20 de enero, el Gobierno emitió el decreto 1-2015 donde prorrogó por tercera ocasión el estado de Calamidad.
La discusión entorno a la prórroga del estado de Calamidad en el Congreso es un tabú. La UNE presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del Estado de Calamidad por la sequía, argumentando que los diputados deben conocerlo, modificarlo, ampliarlo o rechazarlo en el pleno y eso no está sucediendo.
La UNE señala que en los últimos tres años el gobierno de Pérez Molina ha utilizado los estados de calamidad para evadir la ley de contrataciones del Estado.
La polémica del estado de Calamidad
El decreto gubernativo 1-2015, aprobado en consejo de ministros y que amplíó por 30 días más el estado de Calamidad por la canícula prolongada en 16 departamentos, podría quedar sin vigencia, debido a que el Congreso no lo conoció, ratificó, modificó ni improbó dentro de los tres días que establece la Constitución luego de ser recibido en el Congreso.
La Ley de Orden Público de Guatemala establece que el estado de Calamidad lo decreta el Ejecutivo para evitar en lo posible daños en determinada región y reducir sus efectos.
Según la Ley el Estado debe regular los precios máximos y mínimos de artículos de primera necesidad y evitar el acaparamiento.
En octubre de 2014, el Ejecutivo decretó el estado de Calamidad en los 16 departamentos. Según el decreto 10-2014, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) realizó un estudio y determinó que el fenómeno climático afectó cultivos y dañó la red agropecuaria de los departamentos.
Libertad de compra
Según lo describe el artículo seis de decreto, el Estado podrá adquirir bienes, suministros y contratar servicios sin sujetarse a la Ley de Contrataciones del Estado.
Si hubiera donaciones o asistencia humanitaria para los afectados, la ayuda será entrega a la Coordinadora Nacional para Desastres (Conred).
Exentos de impuestos
Durante los 30 días, la Conred está exenta del pago de aranceles de importación y del IVA, por las donaciones que ingresen.
Urge asignar recursos
El decretó exige al Ministerio de Finanzas, asigne fondos para atender la emergencia y trasladar recursos a las unidades ejecutoras.
