En materia de seguridad ciudadana y durante estos primeros seis meses, la gestión del gobierno de Jimmy Morales se caracteriza por carecer de una definición explícita de política pública propia. Da la impresión de haberse enganchado como vagón de cola a la locomotora de la Cicig y el Ministerio Público. Es difícil no quedarse con la impresión de que las líneas principales de coordinación van de la 6av. y 14 calle hacia el barrio Gerona, y no hacia la Casa Presidencial.

Específicamente, las acciones más relevantes en esta materia se concentran en los golpes estratégicos a algunas estructuras dedicadas a la extorsión. Dos o tres operativos de allanamientos y capturas en contra de clicas de la pandilla Barrio 18, son los logros más publicitados, pero es muy pronto para hacer cuentas alegres respecto de si tales acciones han incidido en la reducción del fenómeno de las extorsiones.

También es positivo el continuado descenso de los homicidios y la disminución de la tasa nacional por 100 mil habitantes, que se situó en junio en 28.5, similar a la tasa observada en marzo de 2002.  La mejoría en esta variable se refleja también en el número de necropsias diarias practicadas por el Inacif a víctimas de violencia homicida, que en promedio se situó en 13.5 diarias hacia mediados de junio pasado.

Como contrapartida, el gran déficit en materia de seguridad y justicia para el gobierno de Jimmy Morales sigue siendo el Sistema Penitenciario, en el cual continúan los ya conocidos síntomas de crisis como la falta de control de los presidios, la violencia dentro de ellos, el hacinamiento y la “segmentación” privilegiada de centros de detención preventiva para los encartados en casos de corrupción dentro del Estado.

Cristian Álvarez, analista, catedrático de economía y política, y director del Cadep, de la UFM

 
En este aspecto vamos por buen camino, pues la Policía se depura, la corrupción está amenazada, y el MP está funcionando. Se ha respetado los procesos de gobiernos anteriores. La prueba de fuego está en las Cortes, pues si logran una justica pronta y apegada a derecho, empezaremos a ver un nuevo rumbo, y será el primer paso para recuperar la confianza de inversionistas y generar la certeza del castigo que tanta falta le hace a Guatemala.
 

Víctor Gálvez Borrell, director de incidencia pública de la URL

Las denuncias y detenciones (muchas de carácter espectacular y paradigmático protagonizadas por la Cicig y el MP) como la defraudación aduanera y tributaria, las estructuras criminales paralelas, el financiamiento ilícito de la política y la cooptación del Estado, han producido la sensación de avances en el campo de la investigación criminal y la administración de justicia. No obstante, la violencia e inseguridad ciudadana, las deficiencias del sistema de presidios, la persistencia del narcotráfico, del crimen organizado y la generalización de las extorsiones, continúan siendo asignaturas pendientes respecto de las cuales, los logros son limitados.
 
En este sentido, se registra un fuerte desbalance entre la cobertura mediática de los primeros casos señalados, que ayuda a generar una “satisfacción a medias”. Ello pues gran parte de los problemas en este campo siguen sin resolverse.

Asíes

A mediados de mayo del presente año, el presidente Jimmy Morales presentó un Plan de Gobierno contenido en unas 40 páginas.  En materia de seguridad y justicia dicho plan menciona, entre las prioridades que tendrá en cuenta el accionar del gobierno, la prevención de la violencia, el apoyo al sector justicia y el control de las fronteras.  Esto se puede destacar como un avance, dado que al momento de evaluar los primeros 100 días de gobierno, aún no se contaba con ese plan y, por ende, resultaba difícil valorar adecuadamente las acciones a implementar en materia de seguridad y justicia, pues aún prevalecía lo recibido por la anterior gestión.
 
La seguridad ciudadana continúa siendo el problema del día a día de los guatemaltecos.  Si bien se ha registrado recientemente reducción de la criminalidad en algunos departamentos, se esperaría que la comunicación y coordinación interinstitucional entre los diversos actores involucrados se incrementara, a efecto de contrarrestar las estrategias del crimen organizado en todas sus variantes.  Además, sería muy deseable continuar con los procesos de consolidación en capacitación a las fuerzas de seguridad, así como el incremento de efectivos y, sobre todo, de presupuesto.
 
Se ha mantenido la desarticulación de grupos de extorsionistas, clonadores de tarjetas de crédito y el combate al narcotráfico.  Si bien y de forma excepcional, muchas de estas acciones han sido producto de la acción de fuerzas combinadas (Ejército y Policía Nacional Civil), no hay que olvidar que la prioridad debería ser el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, de conformidad con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, los cuales también asignan al Ejército unas tareas muy puntuales en el contexto social.
 
El presidente de la República, junto a los presidentes de los otros organismos del Estado, lanzó el Diálogo Nacional: “Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”, convocando a los sectores más representativos del país para presentar sus propuestas en dicho diálogo.  Actualmente se realizan las sesiones de discusión con la amplia participación de diversos sectores.  El Diálogo cuenta con una Secretaría Técnica conformada por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y tiene el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH-.

Elena Díez y Juan Alberto Fuentes Knight, del Movimiento Semilla

Ha habido mejoras en el ámbito de la seguridad.  La tasa de homicidios, por ejemplo, ha continuado bajando.  El ministro ha mostrado capacidad para impulsar logros a pesar del poco margen de maniobra derivado de la ausencia de una estrategia nacional de gobierno.  Sin embargo, no se ha podido poner fin a las extorsiones que causan zozobra y terror en la población y pérdidas económicas.  Las extorsiones al transporte público, utilizado por gente trabajadora, lleva años sin resolverse y merece atención inmediata.

Daniel Pascual, dirigente del CUC

Mientras no se devuelva la función que le corresponde a la PNC y se siga recurriendo al Ejército para tareas de seguridad interna, la seguridad ciudadana continuará en condiciones precarias. Los bajos salarios a los agentes de la PNC, la carencia de combustible y reparación de unidades motorizadas son parte de los problemas que hay que resolver.

La continuidad de las extorsiones contribuye a un sentimiento generalizado de miedo. Preocupa grandemente el incremento de la violencia hacia las mujeres que se refleja en los altos números de embarazos a niñas de menos de 14 años y  las muertes violentas que llegan a un promedio de dos mujeres asesinadas diariamente, en su mayoría con arma de fuego.