El informe se entregó a solicitud de la Fiscalía, que solicitó la opinión de la PGN a través de un oficio enviado a la entidad el 10 de septiembre de este año donde se pidió el fundamento legal para que el Estado de Guatemala haya otorgado Q240 millones a la AEAU para la compra de equipo en la implementación del sistema prepago.

La respuesta es que “no existe una normativa específica que faculte al Estado a efectuar aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos”.

El documento agrega que “esto de ninguna manera se encuentra inmerso dentro de los fines propios del Estado, considerando que si bien en cierto su fin supremo es la realización del bien común, también lo es que las acciones que ejecute en función de este deben concebirse dentro del marco de la legalidad y juridicidad”.

El daño al que se refiere la PGN se concretó “al haberse transferido fondos del presupuesto a la asociación relacionada para que esta pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que de acuerdo al artículo 68 literal D del Código Municipal, le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala”.

Según el dictamen, “por tratarse de un ente de carácter privado, el Estado de Guatemala no puede sufragar gastos que competen al giro ordinario de dicha asociación para el desarrollo de sus operaciones ya que ni la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes ordinarias permiten que el Estado pueda sufragar gastos tales como sueldos, alquiler del inmueble donde funciona, equipo, entre otros”.

La Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán confirmó durante una actividad en Santa Catarina Pinula, que el financiamienot a la AEAU “va en contra de las propias normas constitucionales y de principios de legaldidad”

Villagrán también confirmó que en la investigación se incluye el subsidio a la AEAU por un monto de Q1 mil 85 millones. En total la suma que está siendo investigada es de Q1 mil 325 millones.

También trascendió que el MP abrió una pesquisa para establecer el uso de US$35 millones (unos Q262.5 millones) que se obtuvieron a través de un préstamo para la AEAU y donde el Estado fue garante en el contrato.

Colom está confiado

El expresidente Álvaro Colom sobre el tema explicó que toda la documentación está dentro de la legalidad, por lo que está confiado respecto a la investigación que lleva a cabo el MP.

Según Colom, confía en el entonces Secretario General de la Presidencia, Carlos Larios,  revisó los convenios y lo que se puede estar señalando ahora por la PGN podría ser una mala interpretación del proyecto.

El exmandatario también destacó que los subsidios se vienen otorgando desde hace más de 30 años y lo que se hizo durante su gobierno fue transparentarlos.

Alianzas

El Transurbano fue impulsado durante la administración de Álvaro Colom y se presentó como una alianza público-privada en conjunto con la Municipalidad capitalina.

El proyecto contó con inversión del Gobierno central a través del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), y los Ministerios de Gobernación y Comunicaciones, coordinados por el Consejo de Cohesión Social.

En el año 2009,  el presidente de la AEAU,  Luis Gómez anunció la transformación del sistema de transporte en la ciudad con el aval de Colom. El Gobierno sirvió como garante para la adquisición de un préstamo para importar 3 mil 150 unidades y, en el Congreso la bancada oficial logró la exoneración de los impuestos.

Los encargados de las instituciones en ese tiempo fueron, Jairo Flores en Fonapaz,  Raúl Velásquez en Gobernación, Guillermo Castillo ministro de Comunicaciones y, Sandra Torres quien dirigía el Consejo de Cohesión Social.