Además, establecer los mecanismos y medidas idóneas para proteger al funcionario público o cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos.
La idea surgió después de que la Asistencia Legal Anti Corrupción de AC detectara que en el país no existen mecanismos sencillos y ágiles de denuncias.
Debido a que AC no puede entregar al Congreso iniciativas de ley, lo hicieron diputados de Todos y Encuentro por Guatemala ante la Dirección Legislativa.
*Con información de Manuel Hernández