En el informe se señala  que el país se mantenía en nivel 2 de vigilancia desde el 2011, pero fue degradado a la lista de vigilancia del mismo nivel, debido al incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción —albergue donde había víctimas de trata—, por el que  murieron 41 adolescentes, y también  por la disminución en las sentencias y la identificación de víctimas durante el 2016.

Una de las debilidades del gobierno guatemalteco es la baja ejecución presupuestaria de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), dependencia de la Vicepresidencia. Esta muestra baja ejecución presupuestaria del 2012 al 2016, ya que en cinco años ha dejado de ocupar  Q19.1 millones del monto asignado, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  del Ministerio de Finanzas.

Enemigo en casa

Mujer es capturada por prostituir a sus hijas

En el informe circunstanciado del 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se hace referencia a la asignación de fondos para las instituciones y se indica que es necesario que la Svet refleje en sus acciones e informes el buen uso y aprovechamiento del presupuesto asignado.

Claudia Ordóñez, jefa de la mencionada secretaría, señaló que puede responder por el año pasado, que la dependencia estuvo bajo su dirección. Indicó que la baja ejecución  se debió a la contención del gasto y a que se pidió una ampliación presupuestaria, pero cuando se entregó ya era medio año y era difícil usar los fondos, por  los plazos de la Ley de Contrataciones.

Según  Ordóñez, con la degradación de   categoría de nivel de vigilancia, por ahora, no    afecta  económicamente; “no obstante, es un llamado de atención a todo el Estado, porque el combate de este delito no corresponde solo a una institución, sino a varias”.

Alex Colop, fiscal contra la Tratade Personas, coincidió en que este delito involucra a todas las instituciones del Estado, tanto en lo preventivo como en atención y persecución.

Mynor Pinto, de la mencionada fiscalía, señaló que este año se han registrado 155 casos de trata, los cuales no solo tienen que ver con denuncias, sino también con las mismas investigaciones que esta sección desarrolla.

Agregó que al menos 44 casos están relacionados con explotación sexual, unos 45 con pornografía infantil y 35 con explotación laboral.

Según el informe de estado 2016-2017 de la Svet, presentado la semana pasada, en el primer semestre de este año se ha atendido a 147 víctimas —134 son niños y adolescentes—.

Ana Lucía Peláez, defensora de las Víctimas de Trata, de la PDH, señaló que aunque se observan avances, hay  temas olvidados, como   la atención a las víctimas adultas —hombres y mujeres—, que aunque no quieran ser albergadas, es responsabilidad del Estado  brindar una atención  ambulatoria, de acuerdo con lo que establece el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata. Peláez agregó que es preocupante que no haya un albergue público para adultos y recordó que no existe  registro unificado de ese flagelo.

Ordóñez argumentó que se destina un presupuesto a la  Fundación Sobrevivientes, que atiende a víctimas adultas, y resaltó que la situación con los mayores de edad —en especial hombres— es compleja, pues se niegan a permanecer albergadas porque tienen familiares que dependen de ellos o prefieren mantenerse alejados del tratante, por lo que no denuncian.

En cuanto al seguimiento a las víctimas que han sido institucionalizadas, Peláez comentó que solo  los albergues de Refugio de la Niñez y la Asociación La Alianza lo hacen.

Indicó que es importante que la Svet, como ente rector,   recomiende a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), a cargo de la Presidencia, el seguimiento a  las víctimas de trata que se encontraban en el Hogar Seguro.

“Hemos constatado que no han recibido ese seguimiento, no hay esa atención de segundo orden a las víctimas de trata. Es importante que le pongan atención”, enfatizó.

“Hay retrocesos y debilidades que se deben combatir, y aquí no es criticar. Al contrario, es recomendar esas acciones que puedan ir fortaleciendo la institucionalidad”, indicó.

PNC y lentitud

Según la PDH, en una supervisión efectuada el 19 de julio pasado a la Sección contra la Trata, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía  Nacional Civil (PNC),  se detectaron varias debilidades y limitaciones. Entre ellas que no se cuenta con un   protocolo para la investigación de los casos, lo cual queda a  criterio de los agentes  que los conocen, y tampoco se cuenta con un programa permanente de capacitación.

“Un agente entrevistado no sabía las modalidades de trata que hay, ni los derechos que se le violentan a una víctima de trata”, indicó Peláez.

Otros hallazgos incluyen  mal estado de los vehículos, ya que de cuatro   solo uno funciona. Hay casos que están en la oficina desde el 2013, sin que hayan sido asignados, y es poco el personal para la cantidad de expedientes.

Peláez refirió que el proceso, desde que entra a la sección y pasa a  la oficina,  dura 17 días en promedio, y de la oficina a los lineamientos de investigación, otros 35. Para llegar al MP pasan 108 días.

Mujeres captoras

Aprovechan la   confianza que inspiran.

• Según el informe de Estado de 2016-2017 de la Svet, el Ministerio Público determinó que la mayoría de tratantes son mujeres —53 por ciento—.
• En años anteriores, las primeras modalidades de trata que se investigaron incluyeron la  adopción irregular. En esta, una  mujer captaba a otra para que diera a su hijo en adopción, a cambio de dinero o por engaño. También  intervinieron médicos, abogados y personas particulares.
• “La primera reclutadora era una mujer, pues inspiraba mayor confianza”, se indica.
• En  explotación sexual o prostitución ajena suele suceder lo mismo. Una de las primeras tratantes es una mujer, que capta a otras,  pero el que se beneficia puede ser un hombre.
• En pornografía infantil ocurre lo contrario: los  vinculados son hombres comprendidos entre los 25 y  35 años, aproximadamente. Utilizan las redes sociales para captar   víctimas.
• En 2016   ligaron a proceso por el delito de trata de personas a 61 personas;  37 eran mujeres. Con prisión preventiva hubo 42  personas —10 mujeres—.