“La firma de paz significó la esperanza que Guatemala podía cambiar, para colocar en la meta de construir un nuevo paradigma, es el momento de tomar las riendas del destino del país” indicó López Bonilla.
Según el viceministro de apoyo Arquel Benítez Mendizábal, viceministro de apoyo al sector justicia, el objetivo es “desarrollar una estrategia que incorpore a todos los sectores, para legitimar las acciones y alcanzar mejores niveles de seguridad y gobernabilidad”.
El plan operativo de esta política parte de reducir los factores de riesgo con el plan Hogar Seguro: prevención de violencia, solventar necesidades básicas como acceso al agua potable y electricidad, áreas de riesgo, que los miembros de la familia estén identificado y certeza jurídica de la propiedad entre otros.
La política además promociona el programa Municipio Seguro que implica mejoras en las condiciones socioeconómicas de los municipios para propiciar la Paz social.
Se creará un gabinete específico para dar seguimiento a este pacto y se instalará un foro permanente para que la sociedad civil se pronuncie sobre su seguimiento en mesas interinstitucionales.
El presidente Otto Pérez señaló que el pacto respetará la independencia de los tres poderes del Estado y que todas las instituciones responsables de justicia y seguridad, podrían invertir unos 836 millones de dólares anuales en esta materia para que sea una realidad tener una Guatemala en paz.
*Con información de Bill Barreto y Acan EFE
