La candidatura a diputado por listado nacional del expresidente Alfonso Portillo con el partido de Bienestar Nacional rechazada por la CC, los magistrados no dieron con lugar el recurso de apelación que interpuso.
El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la inscripción de Portillo porque no presentó los antecedentes policíacos. Además, el exmandatario no llenaba los requisitos de honorabilidad e idoneidad que establece el artículo 113 de la Constitución por haber sido condenado en Estados Unidos por lavado de dinero en el sistema bancario.
Taiwán le entregó cinco cheques cuyo total ascendió a US$2.5 millones y parte de esos recursos fueron depositados en cuentas de bancos estadounidenses.
Postulación de Briere
La postulación a diputado al Parlamento Centroamericano del Jean Paul Briere con el partido Encuentro por Guatemala fue avalada por la CC.
Briere había sido inscrito en el TSE, pero el partido Todos se opuso, a lo cual presentó un recurso de nulidad, que fue rechazado por los magistrados electorales. Posteriormente la agrupación política acudió a la Corte Suprema.
El caso actualmente se trasladó a la CC y resolvió a favor de Briere la apelación de un amparo de la Corte Suprema de Justicia a favor del partido Todos, que se opuso a la postulación.
Revés para Escobar
La candidatura presidencial de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana recibe otro revés. La CC rechazó la “aclaración y ampliación” que interpuso la agrupación política para ratificar la postulación, los magistrados argumentaron que los recursos fueron “extemporáneos”.
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El 4 de junio pasado, el TSE revocó la candidatura de Escobar por invalidez de su finiquito, y ordenó a la Unidad de Medios de ese organismo suspender la pauta política del binomio.
Horas antes, el Juzgado Noveno Civil de la capital resolvió sin lugar el amparo de Escobar para obtener por esa vía el finiquito.
El caso llegó a ese juzgado porque la CC anuló el amparo de un juzgado civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, favorable a Escobar, con el que la Contraloría quedó obligada a entregar el documento, requisito para la inscripción.
No obstante, la Contraloría accionó ante el tribunal constitucional mediante un ocurso en queja, cuya resolución fue desfavorable al actual alcalde de Villa Nueva.
El origen de los problemas legales del político son hallazgos de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmueble (IUSI) de ese municipio.
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